J.FRANCISCO MESTRE13/03/02 0:00
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El Tribunal Superior de Justicia de Balears reconoce en una sentencia que los mandos de la base naval de Maó sometieron a unos suboficiales a medias «laborales vejatorias». Los jueces han reconocido que el proceso depresivo que sufren dos suboficiales de la Armada fue como consecuencia de la presión psicológica a la que fueron sometidos por sus superiores. La sentencia rectifica una decisión del tribunal médico de la Armada, que consideró que los suboficiales no estaban en condiciones de continuar en el servicio, pero rechazaban que esta enfermedad estuviera relacionada con el trabajo.

La sentencia no supone la readmisión de los militares, pero a nivel económico es importante. Los suboficiales se retiran del servicio como si hubieran sufrido un accidente en acto de servicio, por lo que la paga es mucho más importante. Los hechos se remontan al año 1994. A la base naval de Maó fue trasladado el barco La belle poule, utilizado por los etarras que querían matar al Rey para desplazarse hasta Mallorca. El traslado del barco a Maó fue ordenado por el juez Garzón. Meses después se denunció en la prensa que los mandos de la base militar habían ordenado a sus subordinados que rompieran el precinto del barco y cogieran los elementos más importantes.

Los mandos de esta base, tras estas informaciones, iniciaron una auténtica «caza de brujas» contra los subordinados que ellos creían que habían filtrado esta noticias a la prensa. Dos de ellos, un sargento y un subteniente, fueron de los más afectados. Estos marinos, con más de 25 años de servicio con una trayectoria intachable, fueron degradados. A uno de ellos, por ejemplo, le situaron en una mesa frente al puerto de Maó y le obligaban a permanecer sentado sin moverse durante ocho horas. Si se movía era expedientado. A otro suboficial le enviaban de guardia a una dependencia militar desierta. Debido a esta situación ambos militares cayeron en depresión, y fueron apartados del servicio.

Ambos profesionales, defendidos por el abogado Ricardo Martínez, acudieron a los tribunales para que se reconociera que esta enfermedad era consecuencia de la conflictividad laboral que sufrían. Los jueces les han dado la razón. La sentencia descalifica las medidas adoptadas por los mandos contra estos subordinados y utilizan la calificación de «vejatorias» y de «sanciones encubiertas». De hecho, un auditor militar investigó los hechos y en informe, que no tuvo ninguna trascendencia, calificaba las medidas adoptadas por los mandos sobre los suboficiales de «desafortunadas». Los jueces entienden que esta conflictividad laboral trascendió a la esfera personal de los marinos, y que por ello se justifica que cayeran en una depresión. Ambos siguen bajo tratamiento médico.