J.FRANCISCO MESTRE20/07/02 0:00
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Un abogado de Barcelona, llamado Joaquín Horta, que representa a un comerciante de esta ciudad, llamado Alberto Royuela (relacionado con grupos de ultraderecha) ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo, en la que asegura que se ha investigado de forma ilegal el patrimonio personal de 243 altos cargos de la Administración de Justicia de todo el Estado, entre los que se incluye a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears, a cinco fiscales de Mallorca y a uno de Eivissa. Esta querella, que lleva la fecha de entrada en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del pasado día 18 de julio (todavía no ha sido aceptada a trámite) va dirigida contra Carlos Jiménez Villarejo, responsable de la Fiscalía Anticorrupción, y José María Mena Àlvarez, fiscal jefe de Barcelona.

Según se cita textualmente en la querella los hechos se produjeron hace entre dos y tres años. El abogado afirma que los dos fiscales decidieron llevar a cabo «una masiva investigación acerca de los bienes, patrimonio y actividades personales de un gran número de jueces, fiscales y magistrados». En esta investigación, siempre según la querella, los expedientes se ilustraban con reportajes fotográficos con los «seguimientos que ordenaban realizar».

En la querella se asegura que ninguna de estas investigaciones han motivado acción judicial alguna. El comerciante catalán mantiene, y dice que está dispuesto a demostrar, que Jiménez Villarejo entregaba las informaciones al ex ministro socialista, Belloch, «interesando del mismo que tome nota y destruya los informes». En la querella se menciona que todos los jueces investigados están próximos a las asociaciones conservadoras «Francisco de Vitoria» o «Asociación Profesional de la Magistratura».