Con esta cifra ya se ha superado la capacidad de la
macro-prisión de Palma, prevista en un principio para albergar a
1.180 personas. La situación de saturación está provocando el
aumento de episodios conflictivos, ya que la convivencia se ve
dificultada tanto por su masificación como por la falta de
funcionarios.
Los sindicatos de la prisión han denunciado que la plantilla de
trabajadores sigue siendo la misma mientras la población reclusa
aumenta día a día. Sus temores, según informaron fuentes
sindicales, crecen frente al anuncio realizado por el Gobierno
Central de «barrer» la pequeña delincuencia, que se traducirá en
una mayor utilización de las prisiones.
El aumento de la inseguridad ciudadana y las medidas adoptadas
por el Gobierno Central, único que tiene competencias en la
materia, ha provocado un mayor número de detenciones, tanto de
inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país como de
personas que presuntamente han cometido algún delito.
La puesta en marcha de los juicios rápidos el próximo mes de
abril puede intensificar el internamiento de más personas en las
prisiones. Aunque esta medida contribuye a «quitar de la
circulación» a los delincuentes, «no se han arbitrado las medidas
de Instituciones para asumir la entrada masiva de internos a las
cárceles», señalaron las mismas fuentes.
Por otra parte, aunque la inmigración no es la causa directa de
la criminalidad, en la cárcel de Palma la proporción de extranjeros
está establecida en aproximadamente un 16%, según fuentes de
Instituciones Penitenciarias. En base a este porcentaje, uno de
cada seis internos procede de fuera del Estado.
Los colectivos más numerosos son los marroquíes y colombianos,
nacionalidades comunes en el resto de prisiones. A pesar de ello,
en Palma se produce un hecho diferencial, ya que los franceses y
alemanes ocupan lugares preferentes en las celdas y su número
aumenta durante el verano. Los delitos más comunes de los reclusos
de la prisión de Palma son, en el caso de los hombres, los robos en
todas sus modalidades: contra el patrimonio y contra la propiedad,
y en el tercer lugar se sitúa el tráfico de drogas. En el caso de
las mujeres, los delitos contra la salud pública son los más
frecuentes.
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