El problema surgió cuando unos operarios de GESA acudieron a una
finca de Pollença para recolocar unas líneas eléctricas, en un
tramo donde la carretera debía ser ensanchada. La dueña de la
propiedad, y su esposo, se encararon con los técnicos, que no
pudieron realizar la obra prevista.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de lo ocurrido y al día
siguiente, cuando los trabajadores regresaron a aquellos terrenos,
les prestó apoyo, por si la situación se complicaba y era necesaria
su intervención. En efecto, la mujer y el varón se pusieron muy
nerviosos y se registraron de nuevo momentos de gran tensión, que
no fueron a más. El jueves se repitió el episodio, pero esta vez de
las palabras se pasaron a los golpes, según quedó acreditado ayer
en el juicio rápido que se celebró en Inca. Un alférez y dos
guardias civiles intentaron calmar a la señora, pero recibieron
golpes con un bastón, patadas y , uno de ellos, fue mordido en el
pecho. El incidente fue grave, pero los agentes decidieron no
proceder a la detención de la señora, sobre todo por su avanzada
edad. Aún así, confeccionaron un atestado y la denunciaron por
lesiones y desobediencia grave a los agentes de la autoridad.
La versión de la señora, en cambio, no tiene nada que ver con la
que ha creído el juez. De hecho, a las 11.30 horas de ayer la
vecina de Pollença compareció en los Juzgados de Inca con un
collarín y un brazo escayolado, y aseguró que las lesiones que
presentaba eran fruto de los golpes que recibió durante la
trifulca. El magistrado escuchó las versiones del alférez y los dos
guardias, y luego también interrogó a la acusada. Las fuentes
judiciales consultadas indicaron que su esposo, cuando se produjo
la pelea, no intervino y que, por tanto, contra él no había ninguna
imputación. Los funcionarios de la Benemérita, que pertenecen al
cuartel de Pollença, negaron de forma categórica que tuvieran algo
que ver con las lesiones que presentaba la denunciada y añadieron
que los heridos fueron ellos, que recibieron golpes en las piernas,
arañazos en la cara y uno de ellos un mordisco en el pecho. Los
lesionados presentaron partes médicos que confirmaban su versión y
recalcaron que su actuación consistía en proteger a los
trabajadores que iban a instalar las líneas eléctricas, ya que
estaban amenazados y temían por su integridad.
Poco después de escuchar a las dos partes, y valorar las pruebas
aportadas, el juez dictó una sentencia por la que condenaba a la
vecina de Pollença por los delitos de lesiones y desobediencia
grave a los agentes de la autoridad. La mujer, a la salida del
juzgado, siguió insistiendo en su versión, aunque el fallo judicial
no dejaba espacio a la duda.
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