Hasta cinco barracas han proliferado en los últimos meses en pleno
polígono de Son Castelló. La Policía Local de Palma está
controlando estos asentamientos ilegales y ya ha redactado siete
atestados alertando de la lamentable situación higiénica en la que
viven al menos 20 personas.
Lo más curioso es que estas familias, compuestas por
«temporeros» extremeños que llegaron en enero para confeccionar
sombrillas de playa, se han instalado en unos terrenos municipales
junto al punto de recogida selectiva de Emaya, entre la calle Gremi
Sucrers i Candelers y el Camí dels Reis. Y pese a tener tan cerca
los contenedores, han convertido aquel solar en un vertedero.
«Estamos hartos de esta situación: defecan a la vista de todos y el
olor es insoportable, han hecho un empalme ilegal para tener
electricidad y cada día tiran la basura delante de las chabolas,
por lo que están proliferando las ratas», comenta uno de los
vecinos afectados. Ayer este periódico fue testigo del quehacer
diario de los acampados. A las doce y media del mediodía había dos
mujeres, cuatro niños y una anciana en las barracas, que están
cubiertas por lonas para que no entre el agua. Con total
tranquilidad, y a la vista de todos, una joven fue descargando la
basura de una carretilla a escasos cinco metros del punto de
recogida, frente a la Gran Vía Asima. Y eso no fue todo. Regresó al
cuarto de hora y repitió la maniobra, con la misma indiferencia.
«¿Qué les cuesta tirar la basura dentro de los contenedores?», se
preguntó indignado otro de los empresarios, que prefirió mantenerse
en el anonimato por temor a represalias. Para la Policía Local,
este panorama, que tanto incomoda a los vecinos, no es nuevo. En
enero confeccionaron el primer informe, al detectar la presencia de
aquellas chabolas en suelo municipal.
Casi cada mes, hasta la fecha, han ido controlando el aumento de
las casetas y las tomas ilegales de electricidad, al igual que los
Servicios Sociales de Cort, que se interesaron por las paupérrimas
condiciones de vida de los «temporeros». En cualquier caso, el
desalojo depende del Negociado de Patrimonio, que aún no se ha
pronunciado.
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