EMILIO LÓPEZ VERDÚ19/11/04 0:00
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Un juzgado de lo Penal de Palma acogió ayer el juicio contra Damián B.O., un abogado de Palma que se retiró hace varios años de su actividad profesional, de la que era especialista en derecho mercantil, acusado de un delito de estafa contra la Hacienda Pública. El fiscal y la abogada del estado afirman que Damián B.O. registró unos incrementos en su patrimonio personal no justificados de unos 150.000 euros durante el ejercicio fiscal de 1996. Parte de este dinero, unos 84.000 euros, procederían de un ingreso a una de sus cuentas corrientes. El resto del dinero proviene de una operación un tanto compleja. Así, durante 1996 el acusado tenía contraída una deuda con una sociedad holandesa de unos 180.000 euros. Al año siguiente, la deuda quedó cancelada sin ningún documento justificativo. Una de las inspectoras de Hacienda que elaboró el informe sobre la situación fiscal del acusado llegó a indicar que éste dinero, en forma de acciones, fue a parar a una sociedad dominicana de la que participa el propio Damián B.O. Además, la inspectora indicó que la República Dominicana es un país con cierta «opacidad fiscal», puesto que no hay ningún convenio firmado con España para intercambiar información de tipo fiscal.

La inspectora indicó que el acusado no colaboró con el erario público para presentar los extractos bancarios alegando problemas de salud, con lo que entre 1997 y 2000 Hacienda llegó a elaborar hasta cuatro informes sobre su situación fiscal. La defensa afirmó que la deuda se canceló con la venta de unas acciones.

Al inicio del juicio el acusado, con problemas de salud, se negó a declarar. Sin embargo, en su alegato final mostró su indignación por el proceso iniciado en su contra, y afirmó que su deuda proviene de la compra de unos terrenos cercanos a Sa Cabaneta, una operación en la que afirmó haber perdido 1.200.000 euros. A lo largo del juicio el fiscal planteó su capacidad mental para llevar adelante sus negocios, a lo que el acusado respondió, en su alegato: «no sé si estoy loco o no, pero sé que soy poeta y que me gusta más hacer un soneto que un buen negocio».

La abogada del Estado pide dos años de cárcel contra él por un delito de estafa contra la Hacienda Pública, la devolución del importe del patrimonio no justificado y una indemnización de 600.000 euros.