El jurado popular delibera si Antonio V.P. es culpable o inocente
de un delito continuado de cohecho, cuando era funcionario del
juzgado de Paz de Calvià hace seis años. El fiscal Pedro Horrach y
la abogada Catalina Sastre, que defiende al acusado, ofrecieron
ayer sus conclusiones y el jurado tiene ahora la última
palabra.
El fiscal modificó los hechos en sus conclusiones, aunque no
varió la petición de condena de un año y seis meses de suspensión
de empleo público para Antonio V.P. Según el fiscal, el acusado
cobraba a procuradores de Palma cantidades de entre 1.000 y 3.000
pesetas para tramitar sus asuntos en el juzgado de Paz de Calvià, y
los procuradores pagaban por temor a que no se retrasasen los
asuntos.
La abogada defensora solicitó la absolución para el acusado,
quien durante el juicio ha negado en todo momento haber cobrado
dinero alguno por ejercer trabajos propios de su cargo.
En este sentido, el fiscal remarcó que la declaración de ahora
de Antonio V.P. se contradice con otras realizadas ante la Guardia
Civil y el juez cuando fue detenido hace seis años, en las que
admitía que acudía por las tardes, fuera de su horario de trabajo,
a despachos de procuradores de Palma y éstos le pagaban algo de
dinero por la tramitación de los exhortos. En el juicio, varios
testigos reconocieron que se efectuaban pagos al funcionario
judicial de Calvià.
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