Un funcionario judicial de Calvià, declarado culpable de cohecho

El fiscal reclama para el funcionario la pena de suspensión de empleo público por un año y seis meses y multa de 1.081 euros. La defensa pide la pena mínima: seis meses de suspensión de empleo público.

El jurado popular determinó, por unanimidad, probada la tesis fiscal en base a las pruebas testificales, esto es, que existía temor real a que el funcionario actuara injustamente si no se le hacía entrega de dinero.

Las funciones de Antonio Vadell, de 56 años, oficial de la Administración de Justicia con destino en el Juzgado de Paz de Calvià, consistían en la cumplimentación de exhortos civiles provenientes de procedimientos que se tramitaban en los Juzgados de Primera Instancia.

Aproximadamente, dos años después de tomar posesión de su cargo en el Juzgado de Paz de Calvià, y según la acusación del fiscal, inició la práctica de exigir a los procuradores, bajo la amenaza de no cumplimentar los mismos, el pago de determinadas cantidades de dinero para tramitar los exhortos civiles, concretamente entre 2.000 y 5.000 de las extintas pesetas.

Por lo que el 18 de febrero de 1999 el funcionario fue detenido por la Guardia Civil en las inmediaciones del despacho profesional de una procuradora cuando se disponía a entrevistarse con la misma para hacerle entrega de un exhorto cumplimentado. El pasado miércoles, el fiscal Pedro Horrach acusó a Antonio Vadell de «corrupción pura y dura en la Administración de Justicia», porque «exigía directa o indirectamente dinero a procuradores para que se tramitasen sus asuntos». La abogada defensora alegó: «El fiscal, hasta hace cuatro meses, había imputado a 12 procuradores pero ha retirado la acusación. El Código Penal castiga tanto al que da como al que recibe, y si el fiscal retira la denuncia contra los procuradores creemos que debe hacerlo contra Antonio».