La investigación policial para aclarar el accidente de un rumano de
20 años que cayó desde un cuarto piso en el Port de Pollença, y que
le causó heridas gravísimas, sigue en marcha y está previsto que la
Guardia Civil tome declaración al constructor de la obra en las
próximas horas.
Tal y como adelantó en su edición de ayer Ultima Hora, Benjamín
D.P. se precipitó el martes desde un cuarto piso de una obra de la
calle Vicente Buades número 6. Según la versión de sus compañeros,
el joven acudió a visitar a su padre, que trabaja en aquella
construcción, pero los investigadores dudan de este relato y creen
que la víctima estaba trabajando cuando se accidentó. De hecho, no
se explican por qué subió hasta aquella altura si no estaba
empleado y tampoco cómo pudo acceder al interior, ya que está
terminantemente prohibido la presencia de personal ajeno a la obra.
Los agentes de la Policía Judicial interrogarán al constructor para
despejar éstas y otras incógnitas, y también está previsto que el
padre de Benjamín y su familia se trasladen hoy hasta el cuartel de
la Benemérita para confirmar o desmentir si el muchacho estaba
contratado en la obra.
Un portavoz de la Conselleria de Treball informó ayer que este
organismo ha abierto una investigación paralela a la de la Guardia
Civil, y el primer objetivo de las diligencias es explicar qué
hacía Benjamín en el hueco del ascensor de aquel cuarto piso en
obras. Mientras tanto, el herido sigue ingresado en la UCI de Son
Dureta, con pronóstico muy grave. Sufrió un traumatismo cráneo
encefálico agudo, fractura de varias cervicales, lesión medular y
contusiones en otras partes del cuerpo. Lo que más preocupa a los
médicos es el tipo de lesiones que presenta en la espalda, que
podría ser irreversible y condenarle a una tetraplejia de por
vida.
La Policía Local de Pollença ha detectado en los últimos meses
un elevado número de inmigrantes -sobre todo ecuatorianos y
rumanos- que trabajan como jardineros o albañiles en casas y
construcciones del término. En muchos casos estas personas no están
en España de forma legal y tampoco están asegurados. Su
contratación constituye un delito contra los derechos de los
trabajadores, perseguido por la policía. En otras zonas de
Mallorca, como sa Pobla o Inca, también se ha detectado este
fenómeno.
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