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La investigación policial para aclarar el accidente de un rumano de 20 años que cayó desde un cuarto piso en el Port de Pollença, y que le causó heridas gravísimas, sigue en marcha y está previsto que la Guardia Civil tome declaración al constructor de la obra en las próximas horas.

Tal y como adelantó en su edición de ayer Ultima Hora, Benjamín D.P. se precipitó el martes desde un cuarto piso de una obra de la calle Vicente Buades número 6. Según la versión de sus compañeros, el joven acudió a visitar a su padre, que trabaja en aquella construcción, pero los investigadores dudan de este relato y creen que la víctima estaba trabajando cuando se accidentó. De hecho, no se explican por qué subió hasta aquella altura si no estaba empleado y tampoco cómo pudo acceder al interior, ya que está terminantemente prohibido la presencia de personal ajeno a la obra. Los agentes de la Policía Judicial interrogarán al constructor para despejar éstas y otras incógnitas, y también está previsto que el padre de Benjamín y su familia se trasladen hoy hasta el cuartel de la Benemérita para confirmar o desmentir si el muchacho estaba contratado en la obra.

Un portavoz de la Conselleria de Treball informó ayer que este organismo ha abierto una investigación paralela a la de la Guardia Civil, y el primer objetivo de las diligencias es explicar qué hacía Benjamín en el hueco del ascensor de aquel cuarto piso en obras. Mientras tanto, el herido sigue ingresado en la UCI de Son Dureta, con pronóstico muy grave. Sufrió un traumatismo cráneo encefálico agudo, fractura de varias cervicales, lesión medular y contusiones en otras partes del cuerpo. Lo que más preocupa a los médicos es el tipo de lesiones que presenta en la espalda, que podría ser irreversible y condenarle a una tetraplejia de por vida.

La Policía Local de Pollença ha detectado en los últimos meses un elevado número de inmigrantes -sobre todo ecuatorianos y rumanos- que trabajan como jardineros o albañiles en casas y construcciones del término. En muchos casos estas personas no están en España de forma legal y tampoco están asegurados. Su contratación constituye un delito contra los derechos de los trabajadores, perseguido por la policía. En otras zonas de Mallorca, como sa Pobla o Inca, también se ha detectado este fenómeno.