La medida fue autorizada por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Palma, cuyo titular es el encargado de la investigación en el asilo. Tal y como adelantó Ultima Hora, una ex empleada del centro fue la que destapó en el mes de enero las supuestas irregularidades. La trabajadora contó al Institut Social del Consell que una interna, de avanzada edad, había muerto porque su cama no tenía la barrera lateral colocada. Así pues, se cayó de la cama y al estar atada con un cinturón quedó colgando y murió en esa postura. El caso pasó al Grupo de Homicidios de la Jefatura palmesana, que abrió una investigación y descubrió que había otro caso de fallecimiento sospechoso, similar al anteriormente relatado.
El director del geriátrico fue citado en las dependencias de la calle Ruiz de Alda y prestó declaración sobre el funcionamiento interno del centro y algunas prácticas de enfermeras y personal interno. A su término quedó en libertad, pero las pesquisas continuaron.
Ahora se ha permitido la exhumación de los dos cadáveres y se han llevado a cabo las autopsias que no se hicieron en su día, ya que se daba por supuesto que las muertes eran naturales. Las fuentes judiciales consultadas indicaron que no se descarta que en breve sean llamados a declarar otros empleados del centro, para concluir las indagaciones y adoptar las medidas necesarias.
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