Uno de los usuarios muestra la denuncia penal por la supuesta estafa. Foto: E.L.V.

Uno de los usuarios muestra la denuncia penal por la supuesta estafa. Foto: E.L.V.

02/05/06 0:00
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EMILIO LÓPEZ VERDÚ
Una demanda por impago ha desembocado en una investigación que podría destapar una estafa masiva de un vendedor de cursos de idiomas en Palma. Hace varios meses, el abogado Miguel Àngel Villalonga se ocupó de una demanda civil, en principio un caso sin mayor trascendencia. Sus clientes eran una familia ecuatoriana, denunciada por CEAC al no haber pagado 2.799 euros por un curso de inglés que habían adquirido tres años antes. Sin embargo, los demandados aseguraban no haber comprado nunca el curso. Según explicaron, un vendedor especialmente convincente les había perseguido durante días. Este hombre, que les iba a buscar a las canchas de baloncesto del polígono de Llevant donde se reúnen regularmente, se ofrecía a pagarles los 150 euros de cuota inicial.

Villalonga fue a la sede del Decanato de los juzgados de Palma, donde pidió que le certificaran las demandas que había interpuesto CEAC a clientes morosos. Su sorpresa llegó cuando el funcionario le dijo que, sólo en Palma, había 42 demandados en muy poco tiempo.

Según sus clientes, existen muchos casos idénticos. En todos ellos el vendedor, que atiende a las iniciales de A.C.O., contactaba con ellos en la calle y comenzaba una «estrategia de acoso y derribo», visitándoles en sus casas incluso los domingos por la mañana, y diciéndoles además que les iba a conseguir trabajo.

También afirman que les mentía en cuanto a las condiciones del curso, dándoles un número de teléfono al que nunca contestaba y remitiéndoles a una sede de la empresa en Palma que nunca existió. Cuando los inmigrantes aceptaban probar el curso durante 15 días, él se ofrecía a pagar 150 euros de cuota. Asimismo, les hacía firmar un papel que definía como albarán, aunque era un contrato de compraventa. Su beneficio sería el derivado de la comisión por venta de cada uno de los cursos, que cuestan casi 3.000 euros.

El letrado, que busca a más afectados, cree que el vendedor elegía a sus clientes entre inmigrantes recién llegados a Mallorca, con escasos recursos económicos y bajo nivel cultural, teóricamente víctimas más «fáciles».