El chalet de Pedro J. tiene la misma vigilancia que cuatro municipios del Llevant

El chalet de la Costa dels Pins donde pasan sus vacaciones de verano el editor Pedro J. Ramírez y su compañera, la diseñadora Agatha Ruiz, tiene la misma vigilancia de guardias civiles que los municipios costeros de Artà, Son Servera, Capdepera y Sant Llorenç des Cardessar. Debido a òrdenes directas de Madrid, una pareja de la Guardia Civil tiene que estar las 24 horas frente, o en las cercanías del chalet de la pareja. Para llevar a cabo este servicio se utilizan a agentes del puesto de Artá, de la Patrulla Fiscal Territorial (PAFITE), y del Núcleo de Reserva que tiene su sede en Palma. Las patrullas se van turnando en su cometido y, en lo que respecta a las de Artá y la PAFITE, cuando están frente al chalet del editor se dejan amplias zonas de la Isla sin cubrir. En la actualidad hay destinados 33 guardias y doce alumnos en Artà, que reparten sus servicios en tres turnos. El puesto cubre, en lo relativo a la seguridad y además del término municipal de Artá, los de Son Servera, Capdepera y Sant Llorenç, todos costeros y con una problemática añadida por el hecho de que sus residentes se multiplican en la época estival. Cuando la patrulla que está frente al chalet del editor es la de Artá, en el mejor de los casos queda otra para cubrir toda la zona citada. Con respecto a la PAFITE, la patrulla que hace los relevos en el chalet de la Costa dels Pins tiene un área de competencias desde la Colònia de Sant Pere a la de Sant Jordi, por lo que toda la costa, incluídos puertos deportivos, se quedan sin vigilancia. Esta vigilancia es motivo de críticas generalizadas dentro del Cuerpo aunque, debido a su carácter militar se hacen de manera soterrada. Pero el que sí puede, y da su opinión al respecto, es Joan Miquel Perpinyà, secretario nacional de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Perpinyá señala que «entendemos que no deben dedicarse recursos humanos y materiales del puesto de Artà, pues va en detrimento del resto de ciudadanos y visitantes del citado municipio, Capdepera, Son Servera y Sant Llorenç». Al comentarle a Perpinyá que, quizás, la excusa para asignar este servicio al editor es que está amenazado, responde: «En todo caso este servicio debería de cubrirse con efectivos de unidades específicamente dedicadas a ello, y no con personal dedicado a la seguridad ciudadana». Para terminar Perpinyà manifiesta que «AUGC apuesta por la seguridad pública, pero en este caso concreto habría que meditar si se está facilitando seguridad pública a un ciudadano amenazado, o si se está utilizando como efectivos de vigilancia privada a una parte importante de efectivos de la seguridad pública destinados en Artà. Los recursos disponibles no son ilimitados y hay otras muchas necesidades de seguridad ciudadana en la comarca que deben ser puntualmente atendidos, sin perjuicio del derecho que a todos nos asiste de requerir la presencia de la Guardia Civil si es víctima de un delito, o se siente amenazado por alguien».