La Sala quiere que el Ministerio Público investigue el alcance de esas declaraciones ante la eventualidad de que puedan ser constitutivas de delito. El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, confirmó ayer a este diario que, por el momento, no había abierto diligencias informativas contra el político.
Grosske, por su parte, circunscribió sus declaraciones a lo ocurrido recientemente entre el policía supuestamente corrupto y la barriada gitana de Son Banya. Explicó que la sorpresa con la que algunos habían reaccionado ante ese caso fue «un ejercicio de hipocresía», ya que ese «supermercado de la droga» viene funcionando desde hace veinte años, con la aquiescencia de «policías y el poder judicial», precisó a este periódico.
«Lo mío es un razonamiento deductivo, no empírico, ante la vista gorda que siempre se ha hecho con ese poblado gitano. No acuso a nadie en concreto ni tengo pruebas, porque si las tuviera, ya las habría hecho llegar al juez», explicó también Eberhard Grosske.
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