El fraude se dio a conocer desde las páginas de este periódico, después de que el 'broker' se autodenunciara.

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PEP MATAS/E.LÓPEZ VERDÚ
El fiscal ha solicitado una fianza de tres millones de euros para Emilio Ll.R., el 'broker' que hace unos meses se denunció a sí mismo tras cometer un presunto fraude que afecta a más de 200 inversores. El 'broker' declarará hoy en un juzgado de instrucción de Palma. Asimismo, comparecerán en calidad de imputados su hermana y un constructor. Junto a ellos se espera la presencia de numerosos abogados representando a los cerca de 220 afectados, entre los cuales figura una comunidad de religiosas de Burgos.

Según se ha venido informando desde Ultima Hora, la rocambolesca historia de Emilio Ll.R. se remonta al año 1999, cuando fundó en Palma la sociedad Do Ut Des S.L. La compañía ofrecía inversiones en «mercado de futuros», y en principio la mecánica era muy sencilla. Los clientes firmaban un contrato y entregaban su dinero al 'broker', que ejecutaba órdenes de compra y venta a través de internet. Sin embargo lo hacía cometiendo múltiples irregularidades, que convirtieron su actividad en un despropósito empresarial.

Así, el 'broker' elaboraba unos cuidados extractos en los que se inventaba los beneficios de sus clientes, poniendo cifras y tantos por cientos ficticios. Asimismo, el dinero no se ingresaba en la cuenta de la sociedad sino en una personal, por lo que de este modo evitaba el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Como sus clientes veían negocio, fueron llamando a amigos para invertir. Algunos de ellos se convirtieron en comisionistas y en poco tiempo los inversores crecieron de forma exponencial, colapsando la capacidad del 'broker'. Los nuevos clientes le hacían transferencias antes de redactar los contratos, y otros retiraban sus ganancias sin firmar recibos. Muchos de ellos le daban dinero para que lo invirtiera, pero él lo reutilizaba para pagar a otros que querían reingresos, creando una situación de caos. Ante este panorama, el 'broker' decidió poner fin al negocio y se autodenunció en los juzgados. Cada uno de los 220 inversores habría sufrido un perjuicio económico que oscila entre los 600 y los 200.000 euros.