Según la versión de Torrens, todo el problema comenzó el 30 de enero, cuando se desplazaron a la finca «unos 20 ó 30 gitanos» en cuatro furgonetas y una autocaravana, «rompieron las cerraduras de varias casas y se metieron». El propietario denunció lo sucedido ante el juzgado de Instrucción número 1 de Palma por usurpación de su propiedad. Varios días después, el 5 de febrero, acudió a la finca con una máquina excavadora alquilada. Según él su intención era «evitar que llegaran más personas y las ocuparan», aunque decidió paralizar la demolición porque «estaba lleno de críos de familias gitanas que habían ocupado la finca».
El propietario aseguró ante la juez que las cocheras no estaban habitadas y que no decidió cortarles ni la luz ni el agua, porque «fue un tema de GESA». Esta versión contradice a lo que aseguran los propios vecinos, según los cuales hace mucho tiempo que las cocheras estaban habitadas, y que disponían de baño y cocina.
De hecho, en uno de los puntos de su declaración Torrens admitió que cuatro de los denunciantes tienen un contrato de arrendamiento en vigor, aunque no están sujetos a prórroga forzosa de manera indefinida. Al respecto comentó que no ha presentado demanda de desahucio. También aseguró que «por ahora», no tiene intención de vender los terrenos.
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