El juez instructor de la 'operación Relámpago', Antoni Garcías, ha decidido dejar sin efecto la orden de detención de la ciudadana colombiana con pasaporte británico Marta Mónica Hores, a cuyo nombre figura la operación de compraventa de la finca de Son Bunyola, y le ha emplazado para que declare de forma voluntaria el próximo jueves.
Marta Mónica Hores, defendida por un despacho de abogados de Barcelona, es la supuesta 'testaferro' que adquirió junto a su marido, Christian, Son Bunyola, la finca del magnate británico Richard Branson. En esa operación, que se cerró por un importe de 12 millones de euros, el juez investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales, ya que participaron diversas sociedades interpuestas.
El letrado que la representa confirmó ayer a este diario que su cliente «viajará desde Londres a Palma para prestar declaración», ya que «está debidamente personada en la causa».
Cuando se desarrolló la 'operación Relámpago', el pasado mes de abril, los Hores no pudieron ser localizados en su residencia de Valldemossa. Al parecer, abandonaron la isla de forma precipitada, y por ello, el juez dictó la orden de detención contra Marta Mónica, porque a su nombre está registrado todo el patrimonio de la pareja.
Ayer, asimismo, se hizo público el escrito de querella de la Fiscalía Anticorrupción en esta causa, en la que atribuyen a los imputados, más de una decena de abogados, empresarios y profesionales de distintos ámbitos, la comisión de al menos tres delitos: blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental.
El escrito describe el 'modus operandi' empleado en la supuesta trama, y que desencadenó varios registros en el bufete Feliu, los notarios Àlvaro Delgado y Alberto Herran, el Banco Sabadell, y oficinas y asesorías en la calle Porto Pí. En esa operación participaron treinta funcionarios de la Agencia Tributaria y medio centenar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach señalan que la Agencia Tributaria había detectado estructuras fiduciarias creadas en el despacho de los abogados Feliu, con la connivencia de sociedades que operan en paraísos fiscales de Panamá, como ya publicó este periódico el pasado 27 de abril.
La Fiscalía Anticorrupción afirma que el bufete Feliu se halla relacionado con al menos 816 sociedades que tienen unos activos declarados por importe de más de 300 millones de euros.
De esas sociedades, 252 son no residentes y 161 aparecen domiciliadas en paraísos fiscales. Añade que, por ahora, se desconoce la identidad de los clientes del despacho de titulares del capital de 88 sociedades residentes en España, a nombre de los cuales figuran bienes por valor de 141 millones de euros.
El escrito de querella insiste en que la estructura creada a través de sociedades interpuestas estaba destinada a ocultar a los titulares reales de activos y patrimonios. Uno de los datos más sorprendentes que refleja el escrito es que ninguna persona, física ni jurídica, ha reclamado la propiedad de 38 millones de euros intervenidos en una cuenta del Banco Sabadell. Ese dinero, en principio, pertenece a Marta Mónica Hores.
La 'operación Relámpago' también incide en la doble venta de parcelas en Andratx, que es investigada por los juzgados de instrucción 1 y 12. El único detenido es el ciudadano francés Patrick Duchemin, ya que el abnogado Miguel Feliu eludió la cárcel tras abonar una fianza de medio millón de euros.
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