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El despacho de abogados Bufete Feliu generó un negocio de 482 millones de euros entre 1997 y 2006, de los cuales sólo declararon 22. Además, otros 17 millones de euros fueron destinados a paraísos fiscales, según refleja el escrito de la querella criminal elaborado por los fiscales Anticorrupción de Balears, Juan Carrau y Pedro Horrach, al que tuvo acceso Ultima Hora. La querella criminal presentada por Anticorrupción ante el juez instructor de la 'operación Relámpago', Antoni Garcías, identifica a 24 querellados, entre ellos, todos los abogados del Bufete Feliu y varios ciudadanos extranjeros.

El escrito, de más de un centenar de folios, afirma que los querellados «mediante su actividad en el Bufete Feliu han creado un entramado de sociedades tendentes a manejar fondos de diversa procedencia muchos de ellos de origen delictivo, ocultando su concreto origen y el destino último de los mismos».

Entramado
En ese «entramado mercantil diseñado por el Bufete Feliu», como lo define Anticorrupción, «uno de sus pilares es la estructura de cuentas bancarias vinculadas con las sociedades y personas clientes del bufete, cuyos miembros son titulares o autorizados en las mismas». Según los fiscales, se han detectado hasta 1.083 cuentas bancarias gestionadas por los Feliu.

Las personas sobre las que va dirigida la querella criminal, en curso desde el pasado 26 de abril con el desarrollo en Palma y Calvià de la 'operación Voramar', son: Alejandro Gabriel José, José Juan y Juan Gabriel Feliu Vidal; Fernando, José Luis y Miguel Feliu Bordoy; Pedro Feliu Venturelli, Pedro Luis Gual de Torrella Feliu, Francisca Ochogavía Bennásar, Michael Christopher Sallustro, Sonia Regina Da Costa, Àlvaro Ramon Delgado Truyols, Alberto Herranz Navasa, Juan Cañellas Matas, Pedro Fiol Ferrer, David Alfredo Sancho Roura, Martha Mónica Ocampo López, Claudio José Mujica Lagos, Andrés Horrach Vives, Maria Antonia Ferragut Tomás, Alexander Frederik Cecil Roberts, Rosemary Ann Roberts y Mario Víctor Berry, éstos ocho últimos, supuestos testaferros.

El escrito de Anticorrupción afirma que los querellados, «administran, controlan, representan y utilizan, al menos, 816 sociedades de las que 252 son no residentes y de las que 157 tienen su domicilio en paraísos fiscales».

Añade que en lo referente a la opacidad de las sociedades controladas por el despacho Feliu, «es conveniente destacar que siendo uno de los objetivos publicitados por el despacho Feliu el formar sociedades españolas con total opacidad de los propietarios de las mismas, su resultado práctico... es que la Agencia Tributaria no dispone de informaciónsobre los principales socios y partícipes».

También, el escrito redactado por los fiscales incide en que «en una primera apoximación nos encontraríamos con 372 sociedades opacas en sentido genérico (que no se conoce la identidad de los dos socios) dentro de las 816 sociedades relacionadas con el despacho Feliu». Señalan que «definiendo como sociedades opacas aquellas que cumplen con el requisito de que sus socios sean personas jurídicas no residentes, resulta con que solamente disponemos de la identidad de los dos socios en 245 sociedades, no disponiendo de esta información en 571 sociedades».