06/07/07 0:00
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EMILIO LÓPEZ VERDÚ La Audiencia Provincial acogerá la semana que viene el juicio contra el letrado Gabriel Feliu, a quien el fiscal acusa de dos delitos de estafa y delito societario. El acusado estará defendido por su sobrino Miguel Feliu, uno de los imputados en la 'operación Relámpago', y que quedó en libertad tras depositar una de las fianzas más elevadas de la historia judicial balear: 500.000 euros.

El juicio, que se celebrará el próximo lunes, tiene su origen en unos hechos que se remontan a marzo de 1994. En esas fechas, Gabriel Feliu y Juan B.D. eran los administradores de la sociedad Moorings Formentor SA, una sociedad que gozaba del derecho de la explotación en Balears de la marca Moorings, una prestigiosa empresa internacional del mundo de la náutica. Ambos acusados pidieron una subvención de 150.000 euros al Ministerio de Turismo para los gastos de un nuevo establecimiento de la empresa en Canarias y para realizar estudios de viabilidad para su expansión a Cuba.

El fiscal considera que «aprovecharon el prestigio de dicho grupo internacional» y convencieron a los administradores de una empresa de alquiler de veleros, que representan en el juicio como acusadores particulares. La empresa se bautizó como Morings Canarias SA, y disponía de un capital social inicial de 60.000 euros.

Un año después, los responsables de la empresa de veleros compraron un yate y se lo cedieron a los dos acusados para que lo explotaran en Balears y Canrias, a cambio de una rentabilidad. Sin embargo, el contrato de alquiler no llegó a suscribirse y la embarcación nunca fue trasladada a Canarias. Por todo ello, el yate tuvo que ser devuelto en 1999 sin que se hubiera liquidado la deuda pendiente.

Posteriormente, la sociedad Moorings Canarias SA obtuvo una subvención de 60.000 euros. De esta cantidad, el acusado Juan B.D. se apropió de unos 27.000 euros «sin justificar el destino de dicho capital y perjudicando a la sociedad».

En 1998 las víctimas recibieron una carta en la que la empresa madre de Moorings y ubicada en París les informaba de que no podían utilizar ni su nombre ni su logo. Según el fiscal, «dicha circunstancia era conocida por los acusados pero siempre fue ocultada a los perjudicados».

El fiscal considera que el letrado Gabriel Feliu y Juan B.D. cometieron un delito de estafa, por el que pide cuatro años de cárcel, y otro delito societario por el que solicita tres años más. En cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal pide una indemnización de 27.000 euros para la empresa Moorings Canarias SA por el capital distraído y otros 350.000 euros más por la explotación de la embarcación.