El juez envía a prisión al testaferro que denunció amenazas de muerte por las dobles ventas

Lamquet es el tercer detenido por esa modalidad de estafa, en la que decenas de perjudicados, la mayoría de ellos extranjeros, que ingresa en la cárcel tras el empresario francés Patrick Duchemin y el también estaferro Willi André Desiré Perin. El abogado Miguel Feliu está en libertad con fianza de medio millón de euros por su presunta participación en la trama, aunque el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha recurrido esa decisión del juez ante la Audiencia de Palma.

Lamquet era un cliente habitual de la discoteca-restaurante «Virtual», y fue en ese local donde contactó con Duchemin y Perin. De escasos recursos económicos, Lamquet firmó operaciones millonarias en su calidad de administrador de la sociedad «French Mercantil SL», según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del Grupo de Delincuencia Económica.

Fue interrogado en Bruselas, donde confesó a la policía que había recibido amenazas de muerte por parte de «matones» procedentes de Mallorca, que las hicieron extensivas a su esposa. El principal sospechoso de haber contactado con Lamquet en Bruselas es su compatriota Perin, pero éste negó ante el juez haberse dirigido en esos términos a Lamquet.

El fraude de las dobles ventas de parcelas en Cala Llamp es investigado desde hace meses por varios jueces de Palma. Un terreno era vendido varias veces, en muchas ocasiones, suplantando la identidad de los verdaderos propietarios ante notarios y registradores. En determinados casos, los estafadores presentaron documentos con personas luciendo en las fotografías burdas pelucas.

Hoy, asimismo, está previsto que comparezca en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, el ciudadano británico Christian Hore, que junto a su esposa, Marta Mónica Hore, es investigado por la operación de compraventa de Son Bunyola al magnate inglés Richard Branson. El juez investiga una gigantesca trama de blanqueo de capitales en la que habrían participado empresarios de distintas nacionalidades a través de empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

Anticorrupción redactó un escrito en el que describe el 'modus operandi' supuestamente empleado para defraudar a la Agencia Tributaria cientos de millones de euros.