Para Barceló, la existencia de una alarma social tras el conocimiento de esas sentencias pactadas es «infundada» desde la óptica del trabajo encomendado a los fiscales en el ordenamiento jurídico «pues se está cumpliendo la ley tanto en la elaboración de las acusaciones provisionales donde figuran ciertas penas de relevancia, como en el resultado final, que es condenatorio, no recurrible y asegura su ejecución».
El fiscal jefe de Balears se remite también a las instrucciones de las sucesivas fiscalías generales del Estado en el sentido de que ante un juicio por indicios solventes de delito «el ministerio público ha de valorar las pruebas finales de cada caso y evitar una sentencia absolutoria que implicaría, además, la devolución a los encausados del dinero y los efectos incautados que se deduce que lograron con presunta ilicitud».
Según Barceló «no hay motivo espúreo para las conformidades en juicios por delitos de narcotráfico, y añadió que en lo tocante a la aplicación del Derecho «conviene no generalizar sino ceñirse a la valoración de cada caso concreto».
El fiscal jefe reconoció que en el caso del narcotráfico resulta difícil probar la agravante de «organización delictiva», lo que influye en la calificación final del delito.
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