El fiscal pide 360 años de cárcel para 28 acusados por el 'caso Son Banya'

El fiscal solicita un total de 360 años de cárcel y multas por valor global de 144 millones de euros por el llamado 'caso Son Banya'. En su escrito, el fiscal Adrián Salazar acusa a 28 personas y entiende que los hechos que se van a juzgar son constitutivos de los delitos de sustracción de siete millones de euros en Son Banya, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, detención ilegal, allanamiento de morada, torturas, lesiones, amenazas graves, falso testimonio, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos.

El escrito detalla la pena que se solicita para cada acusado. Así, las mayores peticiones de penas recaerían sobre Francisca Cortés (más de 30 años); su hermano, Isidoro (casi 30); Juan Cortés (más de 20), y un grupo de personas residentes en el poblado a las que se implica en los delitos de torturas, y para las que se solicitan penas de entre doce y catorce años. Para los seis acusados del robo de siete millones de euros, la madrugada del 17 de abril de 2006, el fiscal solicita para cada uno de ellos siete años de prisión. Cinco años son por el delito de blanqueo de capitales y dos por el robo.

Con respecto a José Gómez, el ex jefe del Grupo de Atracos, y su compañera, María Àngeles, el fiscal pide para el primero un total de once años y medio de prisión, más la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos años, por el delito de omisión del deber de perseguir delitos. El resto de penas se basan en las acusaciones de blanqueo de capitales (cinco años); falso testimonio (18 meses), y otros cinco años por cohecho. Con respecto a su compañera, el fiscal pide doce años de cárcel, por los mismos delitos que su compañero, pero por el de falso testimonio solicita medio año menos.

En cuanto a Francisca Cortés, las acusaciones son las de blanqueo de capitales, detención ilegal, allanamiento de morada, torturas, lesiones, amenazas graves, falso testimonio y cohecho.

El representante del Ministerio Público entiende que dentro de las diligencias a efectuar, procede el comiso de las cantidades de dinero que se han intervenido (un millón de euros procedente del robo en Son Banya), y que un total de 20 residentes en el poblado, a los que se acusa de detención ilegal y torturas a un paraguayo, le indemnicen con la cantidad de 630 euros por las lesiones que sufrió, y tres mil euros por los daños morales sufridos. También se solicita la misma cantidad para la que era compañera del paraguayo, Estelvina Caballero, y para Roberto Valinotti.

Además de las peticiones de prisión, el fiscal solicita un total de 142 millones de euros de multa para diez de los acusados, a razón de 14 millones para cada uno, a excepción de María Àngeles a la que le solicita 16. La citada cantidad se solicita en base a que los acusados habrían incurrido en el delito de blanqueo de capitales, en unos casos por tener dinero procedente del narcotráfico, en otros por robarlo, y en otros por recibir cantidades de dinero en relación al delito de cohecho.

También, el fiscal pide que en la vista oral se lleve a cabo la audición de la cinta que aportó Francisca Costés, de su conversación con José Gómez, que era entonces el jefe del Grupo de Atracos. El llamado 'caso Son Banya' se inició con el robo, continuó con denuncias por torturas, el secuestro de dos implicados en el robo, y después se inició la investigación sobre el jefe del Grupo de Atracos y su compañera.

En el escrito de acusación el fiscal entiende que la cantidad que se robó de un zulo que había en una finca adyacente al poblado de Son Banya, la madrugada del 17 de abril de 2006, era de siete millones de euros. El representante del Ministerio Público señala en su escrito que la citada cantidad era de Francisca Cortés y de su hermano, Isidoro. Con respecto al robo acusa directamente a Bruno Galvez, su novia, Nicoletta, y a Manuel Escamilla, como a las personas que tuvieron conocimiento de que había esta cantidad escondida y, con la participación después de otras tres personas, se llevaron todo o parte del dinero a Santa Ponça. La Guardia Civil y la Policía recuperaron una cantidad cercana al millón de euros. El fiscal entiende que, además del robo, se cometió por parte de alunos de los acusados el delito de blanqueo de capitales.