Prisión incondicional para el asesino de la pequeña Mari Luz

Según informaron fuentes de la investigación, a ambos se les imputa un presunto delito de asesinato, al que, en el caso de Santiago del Valle, hay que sumar otro contra la libertad sexual.

Asimismo, la jueza decretó que Santiago del Valle debe empezar a cumplir «inmediatamente» la sentencia dictada en 2002 por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que lo condenaba a dos años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija, que en el momento de los hechos tenía 5 años, que tenía pendiente.

El traslado al centro penitenciario después de que ambos prestaran declaración, en el caso de él, hasta en dos ocasiones, la segunda a petición propia; y desde su llegada permanecen en zonas de seguridad y especialmente vigilados. Por lo que respecta a la tercera imputada por estos hechos, Isabel García, esposa de Santiago, que se encuentra en libertad con cargos por el caso de Mari Luz, fue trasladada a Sevilla para ingresar en un psiquiátrico y cumplir su condena como cómplice de los abusos sexuales que su esposo cometía sobre su hija de 5 años.

Política

Ayer se sucedieron las declaraciones de representantes políticos y del ámbito judicial en relación al hecho de que Del Valle tuviera pendiente el cumplimiento de la condena por el abuso de su hija y otra condena de dos años de cárcel que dictó el juzgado penal 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agredir sexualmente a otra menor de 9 años, a la que sorprendió en la escalera de su vivienda.

Así, el juez Rafael Tirado Márquez, titular del Penal 1 de Sevilla, que ha sido el que ha mantenido en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortes, dijo que siempre que la causa estuvo bajo su control se tramitó con celeridad, aunque ha lamentado que la funcionaria encargada de hacerlo estuvo cinco meses de baja sin sustitución.

Además, se ha sabido que la tramitación judicial del caso por abusos contra S.V.G., revela varios retrasos pues la Audiencia de Sevilla tardó dos años y medio en resolver la apelación y la Junta de Andalucía cinco meses en sustituir la baja laboral.

Por su parte la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que hay que hacer caer el peso de la ley sobre los responsables de lo que parece haber sido un «gravísimo, terrible y trágico error judicial"; términos en los que también se ha pronunciado la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, que entiende que «el sistema judicial ha fallado» en este asunto.