La policía ha llevado a cabo una gran operación internacional y ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de ciudadanos ucranianos para su explotación laboral y sexual en distintos países de la Unión Europea (UE). Las investigaciones se iniciaron hace más de un año y la actuación policial se ha desarrollado en España, Portugal, Italia, Polonia, Hungría y Eslovaquia.
De momento se ha podido identificar e imputar diversas infracciones penales a 70 personas, y se han practicado 32 detenciones de individuos acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, asociación ilícita y trata de personas para su explotación laboral y sexual. Además hay otros 33 detenidos por estancia irregular, treinta de ellos en España y tres en Portugal.
Según las pesquisas, la organización actuaba desde hacía cuatro años y podría haber introducido en la UE, principalmente en España y Portugal, a más de 3.500 personas.
Mallorca
El Cuerpo Nacional de Policía de Palma también ha participado en esta operación y ha practicado seis arrestos en Mallorca en los últimos días. Se trata de la ucraniana Iryna P., de 40 años; Carlos Ramon S. y Pedro C.M., ambos españoles, de 45 y 52 años, respectivamente; Olga I. y Volodymyr S., ucranianos de 33 y 28 años, y Olga R., rusa de 23 años. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial. En Palma se practicaron también dos registros en domicilios relacionados con los detenidos.
La policía informó ayer de que la operación continúa abierta y se espera materializar todas las órdenes europeas de detención dictadas por las distintas autoridades judiciales involucradas.
El grupo organizado captaba a las víctimas mediante anuncios en prensa, revistas y tarjetas de visita, entre otros soportes, y también por el 'boca a boca'. Tras localizar en Ucrania a personas que quisieran trasladarse a la UE para trabajar en la economía sumergida o ejerciendo la prostitución, les proveían de documentación y les aleccionaban sobre los argumentos que tenían que aportar en caso de que surgiesen problemas. Las explicaciones que daban sobre el viaje siempre eran por motivos turísticos. Por ello se les surtía de visados Schengen de corta duración, de entre 5 y 10 días, expedidos en Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría, a pesar de que los ucranianos no se dirigían a estos destinos sino a otros países.
La organización también disponía de una flota de furgonetas y minibuses para el traslado de los inmigrantes, y pisos 'patera', hoteles o barracones para acogerlos en distintas ciudades 'receptoras', como Milán o Málaga. Muchos de ellos accedían al trato voluntariamente y otras eran engañadas, llegando a pagar 2.500 y 3.000 euros por el viaje y los papeles con los que creían que iban a obtener trabajo en la UE. Este viaje, en transporte regular costaría entre 300 y 500 euros. Para asegurarse el cobro de estas cantidades de dinero retenían los pasaportes de las víctimas o los encerraban y amenazaban a sus familiares para que pagaran.
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