Varios de los letrados encargados de defender a los detenidos en la 'operación Kabul', estudian la posibilidad de impugnar los actuaciones judiciales que acabaron con el clan de 'la Paca' y otros cuarenta implicados.
Según comentó uno de estos abogados defensores a este diario, las escuchas telefónicas a los detenidos, acordadas por el juez instructor, «estaban viciados de raíz, y basadas en simples conjeturas».
Otro letrado, también ha manifestado que el magistrado autorizó a la Guardia Civil a pinchar los teléfonos de los presuntos 'narcos' «de forma indiscriminada, e incumpliendo derechos reflejados en la Constitución».
Si el tribunal competente considera fundadas las peticiones de nulidad de las escuchas, ello podría causar un 'efecto dominó' en el que todas las demás actuaciones policiales y judiciales que se realizaron tras los escuchado en los 'pinchazos', también deberían ser anuladas, pudiendo los letrados, entonces, pedir el archivo de las causas contra varios de los detenidos.
El pasado mes de julio, Francisca Cortés Picazo, alias 'la Paca' y otros 20 residentes del poblado de Son Banya, fueron detenidos en una operación antidroga de la Guardia Civil, en la que se efectuaron más de 30 registros domiciliarios y se incautaron importantes cantidades de cocaína y heroína.
Tras pasar a disposición judicial en Palma, el juez ordenó su ingreso provisional en prisión. Meses después, la Benemérita continuó con la 'operación Kabul', y detuvo a varias personas tanto en Palma como en Eivissa, todas ellas presuntamente implicadas en la distribución de droga en Balears.
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