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La Fiscalía levanta levemente la mano con el clan de Son Banya y mantiene las penas para 'Pepote' y María de los Àngeles López. Las conclusiones definitivas del ministerio público una vez terminaron las declaraciones de los testigos y la presentación de pruebas dejan a dos de los acusados sin cargos y rebajan de torturas a lesiones la calificación de las agresiones que sufrió 'El Nacho' en Son Banya. Los dos absueltos son 'El Chirri', después de que un perito dejara ayer claro que la enfermedad que sufre hacía imposible su participación en los hechos, y Pedro C.

La mayor pena sigue siendo para 'La Paca', para la que el fiscal pide 28 años y medio de prisión. Pese a todo, el ministerio público le rebaja seis años y medio al eliminar torturas, un delito de detención y rebajar la pena por cohecho al entender que la jefa del clan ha colaborado con la Justicia. Su hermano 'El Moreno' podría pasar un máximo de 25 años de prisión. Hasta doce acusados, todos ellos familiares de 'La Paca', comparten una petición de siete años y medio de cárcel por la detención ilegal del paraguayo Nacho y su mujer, agredir al primero y amenazarle de muerte. 'El Charly' sólo aparece imputado por las detenciones ilegales de Santa Ponça, incluso la acusación particular pide para él la absolución. Otros cuatro suman a mayores un delito de allanamiento de morada, que añade dos años a los siete y medio.

El resto de acusados se queda prácticamente como estaba. Vicente R. y José Luis G. ven levemente rebajada la petición de condena en su contra al rebajar el tipo del delito de hurto y blanqueo que les achaca el fiscal Adrián Salazar, en la misma línea se encuentra el paraguayo Roberto Darío Valinott, en este caso acusado de blanqueo y de falso testimonio. El resto de penas no cambian y destacan María de los Àngeles López y José Gómez, 'Pepote' que conservan todos los delitos. El ministerio público considera probado que recibieron dos millones de euros en diferentes pagos realizados en metálico en Son Banya y que además sabían que este dinero provenía del narcotráfico.

Además de la presentación de las acusaciones de Fiscalía, en la sesión de ayer del juicio, se completó la fase de pruebas con la declaración de varios testigos y peritos. Varios policías certificaron que en el gimnasio de José Luis G. en Santa Ponça, encontraron diez mil euros dentro de una caja fuerte que, supuestamente provendrían del robo en el poblado de Son Banya.

Por otra parte, el Tribunal decidió admitir como prueba las declaraciones de varios acusados realizaron en la fase de instrucción. Estos implicados: Bruno Gálvez, Vicente R., José Luis G. y Manuel Escamilla, se negaron a declarar en el juicio. Eso sí, el presidente del Tribunal, Eduardo Calderón, examinará cuidadosamente estos documentos ya que, muchas de estas declaraciones fueron tomadas sin presencia de todos los abogados del resto de acusados. Lo que ya no admitió la Sala fue admitir lo que algunos de ellos habían declarado en sede policial, algo que solicitó la Fiscalía para probar las multiples contradicciones en las que habían caído varios acusados.