Pena de 15 meses de cárcel para el dueño de la finca de Son Ferriol que derribó casetas y cocheras

El juez ha impuesto una pena de 15 meses de cárcel al acusado, Bartolomé Torrens Reynés, de 69 años de edad, al considerarlo autor de un delito de coacciones, así como una indemnización que asciende a 16.130 euros. Esta cantidad de dinero se repartirá entre cinco afectados, que recibirán entre 1.300 y 7.112 euros. No obstante, el juez absuelve a Bartolomé Torrens de los delitos de daños y desobediencia de los que había sido acusado.

El procesado había heredado de su hermano el predio denominado sa Cadernereta, que se encuentra en la intersección del Camí de Muntanya y la carretera de Sineu. Estos terrenos contaban con una serie de construcciones destinadas a vivienda y a cocheras, que habían sido levantadas mientras vivía el hermano del acusado, el cual las había dado en arrendamiento a diferentes personas.

La sentencia considera probado que en la mañana del 5 de febrero de 2007, con la finalidad de desalojar de dichas construcciones a sus poseedores en contra de su voluntad, el acusado fue a la finca junto a un operario que derribó con una excavadora varias de las construcciones, careciendo de licencia de demolición. Una dotación de la policía se personó en el lugar y paralizó el derribo. La sentencia indica que el acusado también quería hostigar y perturbar en la pacífica posesión al resto de usuarios o moradores de las construcciones que no fueron derruidas, a fin de compelerlos a abandonar el lugar.

El día 13 se repitieron los hechos y el acusado acudió a la finca acompañado del operario con la intención de derribar más construcciones, aunque que no lo logró debido a una nueva intervención policial.

En marzo, el dueño de la finca fue requerido judicialmente para que retirase los escombros cercanos a las construcciones habitadas, actuación que ha ido llevando a cabo paulatinamente, alegando dificultades económicas para poder retirarlos de la finca y llevarlos al vertedero.

Tras el derribo se inició un procedimiento penal entre los perjudicados y el dueño de la finca. La sentencia se ha hecho pública ahora, aunque no es firme y puede ser recurrida.