La juez envía a la cárcel a ocho de los nueve detenidos por la muerte de 'La Parrala'

En primer lugar declararon los siete detenidos en Menorca que huyeron tras el homicidio desde su residencia en Palma. Una mujer de este grupo ha sido la única persona que quedó en libertad. Los otros seis testimonios fueron contradictorios sobre la participación de cada uno de ellos en lo ocurrido ya que, según fuentes judiciales, unos exculpaban a los otros. La jueza de Ciutadella, que se trasladó hasta Palma en helicóptero en la tarde de ayer, interrogó a este grupo hasta cerca de la una de la madrugada. A continuación, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Mallorca, Piedad Marín, hizo lo propio con los dos detenidos en Son Llàtzer, uno de los cuales es 'El Farru', que prestó declaración ataviado solamente con la bata del hospital, ya que se encuentra herido por un disparo que recibió durante el tiroteo en Son Banya.

Causa secreta
Tras estos dos últimos testimonios, las juezas decidieron declarar secreta la causa para todas las partes y el ingreso en prisión de ocho de los nueve detenidos. En principio se les imputan delitos de amenazas, homicidio y tenencia ilícita de armas. Una de las claves para la investigación serán las pruebas de balística cuya remisión espera ahora la juez instructora del expediente. Estas permitirán aclara quiénes de los detenidos fueron los autores materiales de los disparos con las dos pistolas que se encontraron tras el asalto al poblado de Son Banya. Fuentes de la investigación apuntan a que algunas de las mujeres que fueron en el coche en el que llegaron los asaltantes no habrían participado directamente en el tiroteo y que fueron para intentar mediar entre 'El Farru' y 'La Parrala' en la disputa que mantenían por el pago de un cargamento de drogas que la fallecida supuestamente adeudaba.

La investigación, en todo caso, transcurrirá ahora en los cauces previstos por el secreto de sumario. La toma de declaración de los detenidos, a pesar de la anómala hora en la que tuvo lugar siguió rodeada de las mismas medidas de seguridad impuestas por el Decanato de los Juzgados de Palma y la Policía Nacional.

El edificio de los juzgados permaneció acordonado parcialmente desde las cinco de la tarde. Además, se cerró la verja de acceso y, por primera vez en un traslado de este tipo, se impidió el acceso de medios de comunicación al interior del patio del antiguo colegio de La Salle.