María Dolores Gómez Verdugo, madre de José Antonio Braojos, el hombre que lleva desde el pasado 19 de diciembre en huelga de hambre en Palma, no se presentó ayer en el despacho de su abogado, quien la había citado para plantearle la oferta que le propone su hijo para que sea acoja a la pensión del Estado y liberar así a Braojos y a su hermano de tener que pagar a ésta una cantidad mensual para alimentos.
Al no presentarse a la cita con su abogado, María Dolores Gómez expresa su rechazo y nulo interés en llegar a un acuerdo con su hijo, a quien, según el propio Braojos, maltrató durante la infancia. Braojos planteó al abogado de su madre que ésta acepte la pensión no contributiva del Estado, que asciende a tan sólo ocho euros menos que la que la Audiencia de Palma obliga a los hermanos Braojos a pagar a su madre.
Según Braojos, que la pasada semana sufrió un desvanecimiento a causa del ayuno que mantiene desde hace un mes y medio, lo que hizo necesario su ingreso en un centro hospitalario, su salud no importan en absoluto a su madre, tal y como lo demuestran sus declaraciones, cuando el pasado 22 de enero dijo que «si se muere, es su problema, no tendré yo la culpa».
Este mes de enero se cumplen dos años desde que María Dolores Gómez Verdugo puso una demanda por alimentos contra sus hijos, lo que detuvo la tramitación de su pensión no contributiva. Durante este periodo de tiempo, según señala Braojos en un comunicado, no ha necesitado el dinero que demanda para vivir, puesto que desde hace años convive con su pareja, un alemán 21 años más joven, que ella.
Según Braojos, su madre se está burlando de la justicia, al solicitar una demanda contra sus hijos, no por necesidad, sino por sed de venganza y dominación. Y, demás, añade que la Justicia no sólo no se ha percatado de esta burla, sino que encima ha colaborado inconscientemente con esta mujer mediante una sentencia «deficiente y arbitraria» de la Audiencia Provincial de Palma, el pasado mes de julio 2009.
Así, Braojos manifiesta que deja su «suerte» a la intervención de alguna instancia judicial que actúe de oficio, la única forma de intervenir para frenar la huelga de hambre y forzar su alimentación. De no actuar esta instancia judicial, apostilla Braojos, «la sociedad constatará con tristeza el poquísimo valor que la vida de un hombre pacífico y honrado tiene para nuestro Estado».
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