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Cuatro guardias civiles y un presunto 'narco' fueron juzgados ayer en la Audiencia Provincial, unos por agresión y el otro por atentado a la autoridad y tráfico de drogas. Se trata de dos denuncias cruzadas, de los agentes al otro por llevar cocaína para venderla y por golpearles y del acusado de tráfico a los guardias por retenerle y agredirle.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2006 en Lloret. De acuerdo con la versión de los guardias, se habían trasladado desde Valencia a Mallorca para un operativo antidroga. En uno de los controles acudieron a un pub de la localidad. Entraron e hicieron que se apagara la música y se encendiera la luz del local.
De acuerdo con el testimonio de uno de los guardias, entonces vieron cómo un hombre, el acusado, tiraba una bolsa blanca que contenía en apariencia droga. Le pidieron que saliera del local y, cuando le cachearon, le encontraron varias papelinas de cocaína. En ese momento, según uno de los agentes, el arrestado se puso violento, pegó un empujón a uno de los guardias y tuvo que ser reducido por la fuerza. El agente agredido sufrió un esguince cervical. Por estos delitos piden seis años para el acusado.
Ya en el cuartel de Inca, según los agentes, el detenido pidió ir al baño y, allí, se desmayó y le encontraron ensangrentado tras haberse golpeado contra el retrete.
El acusado dice justo lo contrario. Niega que llevara droga y dice que los agentes le llevaron al baño del pub y que allí le golpearon en la cara. Achaca a estas heridas la pérdida de siete dientes. Cuando le dejaron salir del baño, cuenta que se quedó un rato en la barra mientras sangraba y que después fue al exterior del local para pedir ayuda y que allí vio a los mismos guardias que le habrían golpeado. Curiosamente, fue a ellos a quienes acudió para que le llevaran a un médico. El detenido, de nacionalidad marroquí, fue trasladado desde el cuartel de Inca a un centro de salud y de ahí, a Son Dureta, donde permaneció ingresado cinco días. La defensa del marroquí acusa a los agentes de delitos de lesiones y retención ilegal. La Fiscalía no acusa a los guardias civiles y sólo plantea cargos contra el detenido.