El guardia civil arrestado, a su salida de los juzgados para someterse en Son Espases a una prueba de drogas. | Alejandro Sepúlveda

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El agente de la Guardia Civil detenido el pasado fin de semana por tráfico de drogas ingresó ayer en prisión junto a sus cuatro compañeros. El juez de guardia considera que las contradicciones en las versiones dadas por los detenidos y el actual estado inicial de las investigaciones justifican la medida de prisión provisional. La causa, que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma está bajo secreto sumarial.

En su declaración judicial, los cinco detenidos negaron cualquier vinculación con el tráfico de drogas. Según dijeron, habían comprado entre todos ellos las 800 pastillas para consumirlas. Así, uno de ellos -en cuya casa de Palma se encontró la mayor parte de la droga- afirmó que a él le tocaba un centenar de los comprimidos. Esa cantidad, según dijo, él la consumía en dos fines de semana. Para acreditar este consumo tan elevado de MDMA las defensas de todos los arrestados solicitaron que se les hiciera un análisis de sangre en el hospital de Son Espases. La juez aceptó esta medida y por la tarde fueron trasladados hasta el complejo hospitalario para esta diligencia. Sin embargo, hasta que estén listos los resultados, los cinco permanecerán en el centro penitenciario. Frente a esta versión, las pesquisas policiales apuntan a que se trata de un grupo que se dedicaba a la venta al por menor de la droga en distintos locales nocturnos de Palma.

Conversaciones

El fiscal interrogó a los cinco por varias conversaciones telefónicas en las que hablan de deudas entre ellos y que los investigadores vinculan con la venta de estupefacientes. Una de estas escuchas implicaría al agente, según fuentes de la causa. Precisamente, las escuchas realizadas a la única mujer detenida en la causa fueron las que llevaron a la detención de los demás. A esta joven se le investigaba a raíz de otra operación contra la venta de éxtasis en s'Arenal.

En su declaración, los detenidos aseguraron que habían pagado 2.400 euros para conseguir las pastillas. Ninguno de ellos quiso desvelar a quién le habían comprado el cargamento que pretendían consumir ellos mismos, según dijeron.