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Cuatro funcionarios de la prisión de Palma serán juzgados a partir del lunes en la Audiencia Provincial y se enfrentan a penas que suman 78 años de prisión por una serie de delitos que van desde el cohecho a los delitos sexuales y que pasan por el tráfico de drogas.

El principal acusado es Antonio C. O., de 43 años de edad al que se solicitan 38 años de prisión. Según la fiscalía, «se constituyó en el líder de un grupo de funcionarios del centro que estaba guiado con el ánimo de enriquecerse y de ejercer un poder de control sobre los internos y el resto de funcionarios». Está acusado de entregar droga, móviles, tarjetas y alcohol a los presos en coordinación con otro de los procesados. Además señala el fiscal que propuso mantener relaciones sexuales a una interna que se negó. Cuando le fue abierto un expediente disciplinario envió en una caja un corazón de cerdo podrido al director de la cárcel, en el año 2008.

Uno de los delitos que se imputan al acusado de ser el líder de la red está relacionado con Patrick Duchemin, uno de los principales imputados en el ‘caso Dobles Ventas'. Según la Fiscalía, el acusado había vendido un móvil a Duchemin por 500 euros. Cuando fue descubierto y éste le delató, le hizo llegar una nota: «Soy la persona que siempre se ha portado bien contigo, no entiendo cómo me has podido delatar. No me merezco esto, estás a tiempo de rectificar, diles que dijiste mi nombre porque me portaba mal contigo». En otra ocasión, llamó a una jefa de servicio por teléfono y le dijo que era «una roja de mierda».

Otro de los funcionarios se enfrenta a una pena de 21 años. El ministerio fiscal relata en su caso que para conseguir favores sexuales de un interno le hacía llegar -tanto a él como a su novia- drogas y alcohol. Además, para intimidar a la mujer, que también estaba presa le envió varias cartas amenazantes. Por último, la Fiscalía asegura que forzó a un interno a dejarse practicar una felación.

La participación de los otros dos funcionarios es menor a la de éstos. En el caso de uno de ellos se limita a hacerse pasar por policía junto al líder de la banda para hacer que dos ciudadanos les pagaran unos desperfectos en el coche que habían sufrido en un aparcamiento. El otro participaba en la entrega de la droga a los presos, según el ministerio fiscal.