Condenado a 127 años el celador de Olot por el asesinato de 11 ancianos

Las penas impuestas tendrán un límite máximo de cumplimiento efectivo conjunto de 40 años y los beneficios que pueda obtener se calcularán sobre el total de años impuestos en la condena.

La mayor pena, de 20 años y 10 meses de cárcel, le ha sido impuesta a Vila por el asesinato de su última víctima, Francisca G., cuya muerte por la ingesta de un producto corrosivo dio paso a una investigación policial y al reconocimiento de la autoría por parte de Vila.

Los asesinatos de las otras dos víctimas que también murieron por ingesta de productos cáusticos, Montserrat G. y Sabina M., le han supuesto al celador sendas penas de 13 años y cuatro meses.

Por los otros ocho asesinatos, en los que Vila empleó insulina o una mezcla de barbitúricos para acabar con la vida de los ancianos, el juez le impone penas de diez años de cárcel por cada delito.

El celador deberá satisfacer también unas indemnizaciones por importe de 369.000 euros, de las que el juez ha declarado responsable civil subsidiario al geriátrico La Caritat y, solidariamente, a la compañía de seguros Zúrich.

El magistrado Ildefons Carol considera probados los once asesinatos y niega que el celador de «La Caritat» sufriese «algún tipo de alteración psíquica que mermase significativamente su capacidad para comprender la ilegalidad de sus actos», tal y como alegaba su abogado.

La sentencia recoge como pruebas destacadas la confesión de Joan Vila, así como la declaración de médicos, la presencia del condenado en el geriátrico en el momento de las muertes, las declaraciones de otros trabajadores del centro, de familiares, las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad y las autopsias.

El juez recuerda además que Vila contaba con conocimientos profesionales suficientes como para saber que sus actos conllevarían el fallecimiento de las víctimas, y subraya su formación como auxiliar de enfermería y cuidador geriátrico.

Los residentes en «La Caritat», según el magistrado, confiaban en el celador e ingerían los productos que éste les suministraba sin opciones de defensa por su delicado estado de salud.

Estos argumentos se contraponen con la petición inicial de la defensa, que reclamaba veinte años de libertad vigilada por entender que el homicida actuó sin tener conciencia de la ilegalidad de sus actos, convencido de que aliviaba el sufrimiento de los ancianos.

Por su parte, el fiscal solicitó 194 años de prisión en sus conclusiones definitivas y negaba la atenuante de confesión.

La sentencia declara probado que en los once crímenes concurrió «el ánimo de matar», que Joan Vila actuó sin que los ancianos pudieran defenderse y que, en los tres casos de asesinato con ensañamiento, aumentó «deliberadamente el sufrimiento de las víctimas, causándoles sufrimientos innecesarios para ejecutar el delito».

A Vila, además de los 127 años y medio de cárcel y el pago de los 369.000 euros, se le prohíbe acercarse a menos de cien metros de los beneficiarios de indemnizaciones durante el tiempo máximo que prevé el Código Penal, que es superior en diez años a la duración efectiva de la pena de prisión.

El procesado deberá asumir además las costas del juicio según el juez, que notifica a las partes la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de diez días.

La sentencia confirma a Joan Vila como uno de los asesinos con mayor número de crímenes cometidos en la historia reciente de España.

Con 47 años en la actualidad, Vila abandonaría la cárcel si se cumple íntegramente la condena, con 84 años, ya que se descontarían los casi tres que el celador ha permanecido en prisión provisional a la espera del juicio.