Otros dos acusados también se han declarado culpables de haber llegado a cobrarles a cambio hasta 12.000 euros y cada uno de ellos se ha conformado con una pena de año y medio de cárcel.
En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público reclamaba 13 años de prisión para cada uno de los acusados por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad en documento mercantil, y que de forma conjunta indemnizasen de forma conjunta con un total de 94.522 euros a las personas que resultaron afectadas por estos hechos.
Sin embargo, en base al acuerdo alcanzado con la acusación pública, al funcionario, Felipe M.F., le ha sido retirado el primero de los delitos -por el que se enfrentaba a diez años- y únicamente se le ha mantenido el segundo, además de enfrentarse a tres meses de multa, nueve de inhabilitación y sin que tenga que hacer frente a la indemnización reclamada inicialmente.
Mientras tanto, en el caso de los otros dos acusados, Luisa Karenina H.J. y Juan M.C., además de ver reducida notablemente la petición de condena de cárcel y multa -a tres meses-, se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada si bien deberán indemnizar a los perjudicados.
En concreto, los hechos acaecieron antes de 2004, fechas en las que, movidos por la intención de obtener un beneficio patrimonial injusto, los tres reos se dedicaban de forma estable y organizada a la introducción en territorio español de ciudadanos extranjeros, principalmente de origen peruano, con la finalidad de que residieran y pudieran trabajar en España de manera irregular.
A tal efecto, la acusada, de origen peruano, contactaba con compatriotas suyos que se encontraban en Perú y a quienes reclamaba una cantidad que solía oscilar entre los 2.000 y los 4.000 euros, y que en algunos de los casos podía llegar a los 11.00 y 12.000 euros.
Una vez pagada la cantidad, Luisa Karenina H.J. la repartía con Juan M.C, cuya gestoría se dedicaba al asesoramiento en materia laboral de pequeñas y medianas empresas, de modo que juntos formulaban a partir de ese momento solicitudes de permisos de residencia en España y trabajo por cuenta ajena inicial, basados en inexistentes ofertas de empleo, supuestamente realizadas por las empresas que eran clientas de la gestoría y falsificando la firma de los administradores de las mismas.
Realizada la solicitud, la inculpada se dirigía al funcionario de extranjería, quien a sabiendas de las irregularidades existentes en los expedientes, ya que no iban acompañados de la documentación de la empresa, compulsada y cotejada, y valiéndose del cargo que ocupaba, obviaba los trámites de cita previa y de comparecencia del empresario empleador, impidiendo así que éstos tuvieran conocimiento de la oferta de trabajo que aparentemente habían realizado.
Así, colocaba los expedientes en la mesa del funcionario encargado de realizar los trámites, dando por buenos aquellos cuya verificación le correspondían. Los tres acusados actuaron de este modo con un total de 16 ciudadanos extranjeros. La acusación pedía inicialmente para cada uno de los procesados el pago de una multa de 4.320 euros, ahora reducida.
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