Fiscalía atribuye a ocho mossos del caso Raval un delito contra la vida

En la vista celebrada este viernes ante el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona para concretar las imputaciones, la fiscal ha considerado que podría ser un delito contra la vida, «cuya determinación dolosa o imprudente dependerá del resultado de las diligencias», según el escrito de diez páginas presentado este mismo viernes.

El abogado de varios mossos imputados, Josep Maria Fuster-Fabra, ha explicado a los medios que han pedido el archivo del caso; de no aceptarlo la juez, insiste en pedir nuevas diligencias, como una segunda autopsia localizada esencialmente en el corazón, «para llegar a determinar cuáles fueron las causas de la muerte».

En el caso están imputados dos mossos más --un agente por echar agua sobre la sangre de Benítez y otra por supuestamente preguntar a vecinos por fotos de los hechos--: precisamente la defensa ha pedido nuevas diligencias para determinar si el que echó agua en la sangre actúo «para evitar contagio», en cuyo caso era necesario.

Otro letrado de la defensa, Jordi Pina, ha reconocido ante los medios que no les hace «ninguna ilusión» que el caso pueda decidirse con un jurado popular, porque, aunque las imágenes puedan parecer de extrema dureza, no hay ninguna acción que pudiese provocar la muerte de Benítez y existe el riesgo de que un ciudadano normal pueda hacerse una composición más mediática que penal de los hechos.

Acusaciones

En declaraciones a los periodistas tras la comparecencia, el abogado de Benítez, David Aineto, ha asegurado que han ampliado los delitos a detención ilegal y falsedad documental, y que en su escrito recoge lo que han transmitido algunos testigos, que tuvieron la sensación de que el hombre era «un animal cazado y muerto».

Preguntado sobre si cree que los agentes actuaron con intención, Aineto ha respondido: «Está claro que, si no hubiera intención y una violencia que sobrepasa su función como policía, hoy no estaríamos aquí», y ha añadido que recurrirá la petición de las defensas de hacer una segunda autopsia.

La abogada de la acusación popular, Laia Serra, considera que los mossos pudieron incurrir en un asesinato o, alternativamente, en homicidio doloso, y en delitos contra la integridad moral y falsedad documental, además de coacciones, obstrucción y encubrimiento.

Además, ha anunciado que han pedido que declare un nuevo testigo que hasta ahora no ha pasado por el juzgado y que vio toda la actuación de los mossos desde una posición privilegiada.