G.PicóParaguay17/05/14 0:00
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Salvador Llinás Bauzá, el mallorquín acusado de estafa en Paraguay, está tratando de dilatar al máximo el juicio que se celebra contra él y su mujer en ese país. A lo largo del último año ha logrado suspensiones y aplazamientos del juicio al recusar al tribunal o alguno de los jueces, cambiar de abogados o por incomparecencia de éstos, entre otras maniobras. De hecho, algunos abogados de Llinás han sido amonestados por intentar retrasar el juicio y advertidos de que pueden ser sancionados duramente. Finalmente esta semana pasada se retomó el juicio con la exposición de pruebas documentales y debe reanudarse el próximo día 23, aunque las últimas informaciones apuntan a que uno de los abogados de Llinás ha salido de Paraguay y está en paradero desconocido.

Denuncia

Llinás, de 64 años, fue denunciado por un grupo de siete inversores mallorquines a los que supuestamente estafó. Él actuaba en nombre de la sociedad que conformaron para comprar unos terrenos en Paraguay y destinarlos a una promoción inmobiliaria, a mediados de 2009. Sin embargo Llinás puso los terrenos a su nombre y al de su esposa, compró un coche, realizó diversos gastos y estafó unos 220.000 dólares a sus ‘amigos’. Los perjudicados los denunciaron por estafa, apropiación indebida y lesión de confianza y ambos fueron procesados.

Llinás estuvo unos meses en prisión y después continuó en arresto domiciliario, situación en la que se encuentra en la actualidad. Desde que se inició el juicio en su contra, en julio de 2013, ha intentado evadir la acción de la justicia por todos los medios y ha logrado la suspensión o aplazamiento en una decena de ocasiones.

Salvador Llinás también ha sido denunciado por falsificar documentos donde constan sus antecedentes penales en España para poder obtener la residencia en Paraguay, por falsificar un acta de sesión ordinaria de la sociedad a cuyos miembros supuestamente estafó los 220.000 dólares, por incumplir el arresto domiciliario ya que fue visto en un supermercado y captado por las cámaras de seguridad, y también por amenazar de muerte a uno de los abogados de los querellantes.