Europa PressPalma30/04/15 0:00
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La Fiscalía reclama un total de 61 años de cárcel y el pago de 29 millones de euros en multas para 12 acusados por blanquear hasta 680.000 euros procedentes de la venta de estupefacientes, para lo cual urdieron una trama dirigida a disfrazar el origen ilícito del dinero con la adquisición de propiedades inmobiliarias y vehículos.

Todos ellos serán juzgados desde el próximo lunes, a partir de las 10.00 horas, y durante toda la semana por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. En concreto, sobre todos ellos pesa un presunto delito continuado de blanqueo de bienes y capitales procedentes del tráfico ilegal de drogas.

Los hechos se sitúan entre principios de los años noventa y 2003, cuando el principal acusado de los mismos, Francisco M.C. -condenado anteriormente por 13 sentencias firmes-, organizó junto con los otros procesados un sistema de compra de numerosos bienes para disimular y ocultar los fondos que habían obtenido del tráfico de drogas.

Así lo relata el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, en el que señala que entre los inculpados se encuentran cinco hermanos de Francisco M.C., su madre, su esposa y cuatro cuñados.

Todos ellos, sostiene la acusación, tenían «pleno conocimiento de la ilícita procedencia del dinero y bienes que manejaban» y de que con la adquisición de propiedades a su nombre o al de otras personas y con ingresos en efectivo ocultaban el origen de los fondos y, de esta forma, podían disfrutar de las ganancias obtenidas.

Mediante este sistema, al menos 583.478 euros los destinaron a la adquisición de propiedades y construcciones inmobiliarias, mientras que el valor de los vehículos supera los 67.214. Del mismo modo, fueron intervenidos 34.000 euros de distintas entidades bancarias, y ello sin valorar los movimientos e ingresos que fueron reintegrados de las cuentas antes de la intervención judicial.

Por su parte, uno de los acusados, Manuel M.C., remitió tres escritos al Juzgado en los que reconocía que las propiedades que tenía así como las de parte de uno de sus hermanos eran producto del narcotráfico, por lo que se trata del único procesado para el que la Fiscalía pide que se le aplique la atenuante de confesión.

En concreto, la acusación reclama siete años de prisión y una multa de dos millones de euros para Francisco M.C.; cinco años y el pago de 2,5 millones para Angela N.M., Micaela C.F., María Asunción M.R., Agustín M.C., Antonia F.C., Andrés M.C., Carmen M.M., Juan Carlos M.C., Antonia M.C., y Manuel N.M, y cuatro años de cárcel y multa de dos millones para Manuel M.C.