El fiscal del caso por la muerte de Asunta Basterra, Jorge Fernández de Aranguiz, ha solicitado este viernes al tribunal que los culpables del asesinato de la niña, sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, continúen en prisión hasta que el tribunal emita una sentencia para ellos.
En su intervención después de que el jurado popular declarase a Porto y Basterra por unanimidad culpables del asesinato de su hija, el fiscal ha solicitado 18 años de prisión para los padres de Asunta, teniendo en cuenta los agravantes de parentesco y abuso de superioridad, y ha «reprochado» la edad de la víctima.
Fernández de Aranguiz ha recordado que la calificación del crimen como asesinato implica la circunstancia de alevosía, esto es, que la menor no tuvo capacidad de defenderse en el momento de su muerte. Por ello, ha destacado, se podría solicitar una pena que abarca de los 17 años y medio a los 20 años de prisión.
En esta «horquilla», el fiscal apuesta por una «petición moderada» que sitúa en los 18 años de prisión para cada uno de ellos, teniendo en cuenta «el reproche que merece esta conducta». En particular, se ha referido a la existencia de un «acuerdo de voluntades» para el asesinato de la niña y a la «planificación conjunta» que ve el jurado y ha incidido en la corta edad de la víctima
El hecho de que Asunta fuese una niña no está «embebido» en el hecho de «ser su hija», sino que implica una cuestión de más relevancia que debe «tenerse en cuenta», ha dicho. En esta línea, ha recordado que, si los hechos fuesen cometidos hoy en día, podrían ser castigados con «prisión permanente revisable» al ser la víctima menor de 16 años.
COSA DE DOS
Jorge Fernández de Aranguiz ha mantenido durante todo el proceso, como finalmente ha visto probado el jurado, que la muerte de Asunta fue «cosa de dos» y que en ella estuvieron implicados sus padres a través de un «plan acordado» en el que «tan asesino es que dispara el fusil como el que agarra a la víctima».
Está cuestión tiene relevancia teniendo que cuenta que Fernández de Aránguiz modificó el último día de juicio sus conclusiones a la vista de que ninguna prueba directa permitió situar a Alfonso Basterra en la casa de Montouto en el momento de la muerte.
Así, aunque no descartó que efectivamente Basterra estuviese allí -el jurado cree que sí- el fiscal dejó la puerta abierta a que fuese Rosario Porto la única responsable de la asfixia. Esto, en todo caso, estaría supeditado a un plan acordado previamente con Basterra, implicándolo de igual modo.
Durante las sesiones, el fiscal ha hecho mucho hincapié en el hecho de que Rosario Porto no contase durante las primeras horas con exactitud lo que había hecho, a pesar de que los agentes le recordaron la importancia de decir todos y cada uno de los datos.
Su versión, contradicha por las grabaciones de una cámara, fue puesta en cuestión por Aránguiz, quien también ha incidido de forma particular en cuestiones como el posicionamiento de los teléfonos, la desaparición del ordenador de Basterra o las conexiones y desconexiones de la alarma, particularmente la de la tarde del 17 de septiembre, que continúa sin explicación.
El fiscal concede especial credibilidad a la testigo a la que Asunta reconoció que su madre le daba «polvos blancos» y a la joven que dijo haber visto esa tarde a Alfonso Basterra en compañía de su hija por la ciudad, mientras que él sostenía que no había salido de casa.
También vincula a ambos padres en una cuestión que, ha criticado, «requiere de una explicación suficiente que, de momento, no se ha dado», el hecho de que Asunta hubiese sido sedada con dos benzodiacepinas, de forma continuada, durante los tres o cuatro últimos meses antes de su muerte.
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