Detenidos cuatro trabajadores de la protectora de animales de Marbella por maltrato animal

En concreto, los detenidos son el presidente, el secretario, el tesorero y el jefe del equipo veterinario de la organización, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado.

De la misma forma, los delitos por los que se investiga a otros 13 trabajadores son intrusismo profesional, maltrato animal, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, receptación, administración desleal, contra el derecho de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.

Sacrificios y apropiación

Las investigaciones, que comenzaron el pasado mes de noviembre tras la denuncia de varios particulares, han determinado que la protectora realizaba el sacrificio de animales sin ningún tipo de criterio clínico, sin anestesia previa y en algunos casos aplicando el producto Eutanax en dosis inadecuadas, lo que provocaba sufrimiento para el animal.

Además, según ha confirmado la Guardia Civil, el centro sacrificaba animales sanos, incluso muchos cachorros de perros y gatos que serían fácilmente adoptables, con el fin de ahorrar costes.

Estas actividades eran realizadas por personal no facultativo para prácticas veterinarias. Estos también administraban vacunas, realizaban cirugías de castración y tratamientos veterinarios, entre otros.

De la misma forma, se les acusa de expedir recetas veterinarias utilizando un sello oficial y falsificando la firma del veterinario o las rabias en los pasaportes de los animales para que pudieran viajar al extranjero.

Por otra parte, han añadido a través de un comunicado, el envío de animales fuera de España se realizaba sin respetar los plazos establecidos por la normativa vigente y sin dar la oportunidad a los legítimos propietarios de recuperación de los animales.

Incluso mentían diciendo que los animales no estaban en las instalaciones, extrayendo los microchips de animales con dueños conocidos para implantarles otros y poder darlos en adopción.

Por su parte, los animales de raza y de pequeño tamaño, muy demandados para la adopción en países del norte de Europa, especialmente en Alemania y Finlandia, nunca eran sacrificados, sino que se enviaban rápidamente a estos países para su adopción.

Estas adopciones generaban unos ingresos que rondaban entre los 300 y 350 euros por animal, dinero que no retornaba a España para el mantenimiento de la protectora, hecho que se encuentra actualmente en investigación.

Delitos económicos

Las investigaciones han determinado además que la asociación desviaba los fondos a fines distintos a los estipulados en sus Estatutos (cenas, comidas o ropa) que eran incluidos como gastos en la contabilidad. Algunos miembros de la junta directiva percibían sueldos a pesar de eran cargos voluntarios y no deberían de percibir remuneración alguna por ello.

Asimismo, se ha constatado la existencia de varios trabajadores sin contrato o que incumplían el mismo, con el consiguiente perjuicio económico ya que no cotizaban a la Seguridad Social. Estos soportaban estas condiciones bajo la promesa de que iban a ser contratados y con la consigna de que en caso de inspección deberían decir que eran voluntarios, ha explicado la Guardia Civil.

La protectora

La protectora de animales Triple A se dedica desde hace 25 años a la recogida de animales abandonados y perdidos en las zonas de Marbella y San Pedro de Alcántara.

Se publicita como una organización benéfica dedicada a la ayuda y cuidado de animales, que ofrece una espera digna mientras se encuentra un hogar para ellos. En esta línea, ha realizado además campañas divulgativas sobre esterilización.

Su mantenimiento ha sido gracias al dinero recaudado a través de donaciones, cuotas de socios y eventos organizados para la recaudación de fondos.

Además era notoriamente conocida por su política de «sacrificio 0», una causa por la que había recibido grandes elogios de particulares y colectivos así como numerosas ayudas y donativos de personas que eran engañadas con este tipo de publicidad.

Las investigaciones se han desarrollado bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y, posteriormente, por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, quien inicialmente había declarado el secreto de las actuaciones.