UGT exige protección para los funcionarios de prisiones ante denuncias de maltrato falsas

«Pongo la mano en el fuego por mis compañeros», ha asegurado el delegado del sindicato en la prisión de Palma, David Rodríguez, para quien «un preso tiene más herramientas que una persona en libertad» para denunciar la vulneración de sus derechos, puesto que cuenta con un juzgado específico, el de vigilancia penitenciaria.

Rodríguez, que ha comparecido en rueda de prensa junto al responsable estatal de instituciones penitenciarias de UGT, Antonio González, y al secretario general de la federación balear de Empleados Públicos, Miguel Ángel Romero, ha destacado que en la cárcel de Palma, con capacidad teórica para 1.000 reclusos, hay 240 funcionarios asignados a la vigilancia de 1.300 internos.

A causa de las bajas, y tras años «nefastos» de recortes del Gobierno del PP, hay ocasiones en que un solo funcionario vigila un módulo con 130 presos, ha indicado Rodríguez para poner de relieve en qué condiciones trabajan unos funcionarios de los que ha ensalzado su «profesionalidad, buen hacer y honorabilidad».

Respecto al caso de un recluso británico cuya denuncia de malos tratos estudia un juzgado de Palma, el representante sindical ha considerado «imposible» que otros presos pudieran ver la agresión que relata porque presuntamente la sufrió estando en aislamiento, ha recordado que él mismo admite que tuvo un comportamiento agresivo y ha añadido que uno de los funcionarios denunciados resultó lesionado.

«Tenemos que enfrentarnos a personas agresivas y el funcionario les tiene que plantar cara», ha insistido el delegado sindical, mientras que el dirigente estatal ha señalado que «muchas veces hay forcejeos» cuando un interno se niega a aceptar las normas.

«Estamos solos ante el peligro (...) y tenemos que actuar con mucha psicología. Muchas veces tenemos que actuar con personas que son psicópatas. En muchos establecimientos penitenciarios contamos con enfermos mentales», ha manifestado Antonio González, quien en alusión al caso del británico ha destacado que el juez no ha adoptado medidas cautelares para ninguno de los denunciados.

También se han referido a las denuncias públicas de trato «inhumano» de la exjefa de prensa del Consell de Mallorca Margalida Sotomayor, presa por corrupción, de las que el responsable de prisiones de UGT ha señalado que fueron investigadas por la inspección penitenciaria sin que apreciara indicios de veracidad.

Ante estas situaciones, González ha reclamado a la Abogacía del Estado que cuando las denuncias por maltratos y vejaciones contra funcionarios resulten sobreseídas, lo que en su opinión ocurre en la gran mayoría de los casos, debería demandar a los reclusos que las formularon por acusar falsamente.

«Hemos pedido a Instituciones Penitenciarias que denuncie a las personas que nos difaman», ha abundado David Rodríguez respecto a los casos recientes registrados en Palma.

Miguel Ángel Romero ha explicado que «cuando un preso denuncia un posible maltrato, el coste para él es cero», pero la defensa de los funcionarios denunciados corre a cargo de las organizaciones sindicales, «salvo que sea un jefe».

Antonio González considera que los reclusos que denuncian falsos malos tratos «pueden buscar notoriedad para su causa» y «un beneficio económico», y entiende además que la difusión de estos casos producen un efecto de contagio en las prisiones.

«Estamos totalmente desamparados», ha insistido el responsable de instituciones penitenciarias de UGT.