Ambos están acusados de haber facilitado a los narcos información secreta y datos personales que la Guardia Civil obtenía a través de las investigaciones de las actividades delictivas de estas organizaciones.
Uno de los agentes formaba parte de un equipo de elite contra el crimen organizado y el otro ejercía en la Policía Judicial, por lo que tenían acceso a información «sensible» de las investigaciones y a datos personales para los que no disponían de autorización.
Ambos están acusados de los delitos de revelación continuada de secretos en concurso medial, de encubrimiento y de atentar contra la intimidad, y que por tratarse de funcionarios públicos y de hacerlo para organizaciones criminales es más grave.
La fecha de la vista oral del juicio todavía no ha sido fijada, pero el fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, solicita para ellos once años y medio de prisión por los citados delitos.
En caso de que el tribunal no aprecie el segundo de los delitos, la Fiscalía les imputaría el de integración en grupo criminal, por lo que ambos agentes se enfrentarían en total a seis años de cárcel, según el escrito.
La causa incluye también a una tercera persona, a quien el fiscal vincula «policialmente» con el narcotráfico y que, según las investigaciones, actuaba de enlace entre los dos agentes y los grupos de narcotraficantes, hechos por los que se enfrentará a siete años de prisión.
Los tres estuvieron operando, relata el escrito de acusación, de manera «estable y continuada» al menos entre febrero y julio de 2013, obteniendo información secreta que posteriormente era revelada a terceras personas para alertarles de las investigaciones de la Guardia Civil.
En concreto, los dos guardias civiles facilitaron fotografías, material informático con información relativa a investigaciones, actuaciones judiciales decretadas secretas, los vehículos que estaban siendo vigilados o incluso un listado con datos personales de agentes de la Guardia Civil y de sus confidentes.
El fiscal considera que los acusados eran «conscientes» de la ilegalidad de su comportamiento, al conocer el perjuicio que generaban con su conducta para la Administración pública y para los particulares afectados, así como de las «graves consecuencias» que eso generaba en las investigaciones sobre el tráfico de drogas.
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