Según ha informado este miércoles la policía local barcelonesa, los dos detenidos son un hombre de 38 años y una mujer de 34, que fueron arrestados el pasado lunes, 13 de febrero, después de que un vecino alertara de que oía gritos de auxilio desde la vivienda, proferidos por el dueño del piso, un hombre de 68 años de edad.
Los agentes acudieron al lugar y pudieron acceder al inmueble gracias a la intervención de los Bomberos de Barcelona y, una vez en el interior, localizaron al dueño del piso muy alterado y asustado.
Tras recibir atención médica, el hombre les contó a los agentes que la vivienda era de su propiedad y que hacía tiempo que había alquilado dos habitaciones a un hombre y a una mujer, que poco después le habían dejado de pagar el alquiler.
Según el relato del dueño, cuando los inquilinos le dejaron de pagar, acordaron que ellos se encargarían de comprar la comida y del mantenimiento de las habitaciones.
Si embargo, los inquilinos le encerraron en su propia habitación, de donde no le dejaron salir, se apoderaron de su documentación, sus libretas bancarias y las llaves del piso y bajaron y bloquearon las persianas para que no pudiera pedir auxilio y también le amenazaron de muerte si denunciaba a alguien su situación.
El dueño del piso estuvo varios días encerrado, al menos una semana, según han informado fuentes cercanas al caso, que han precisado que los agentes que acudieron al inmueble comprobaron que la vivienda se encontraba en condiciones de insalubridad, incompatibles con que alguien pudiera vivir allí.
Además, en una de las habitaciones del piso encontraron una plantación de marihuana y la instalación necesaria para el cultivo masivo, con instalación eléctrica, lámparas de fotocultivos y revestimiento aislante en las paredes.
Los agentes se quedaron en el piso, haciendo compañía al dueño de la vivienda, hasta que los inquilinos aparecieron, de madrugada, momento en el que el hombre les identificó y les denunció, por lo que les detuvieron, acusados de los delitos de amenazas, coacciones y detención judicial.
La Guardia Urbana también ha puesto el caso en conocimiento de los servicios sociales del Ajuntament de Barcelona, para que puedan ofrecer ayuda a la víctima.
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