El suceso tuvo lugar el jueves de la semana pasada, aunque la detención de la trabajadora -Beatriz L.D. de 37 años- se produjo el sábado y el lunes siguiente la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares, en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional comunicada.
Sobre la auxiliar, que permanece desde ese día en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco, pesa la imputación inicial de la supuesta comisión de un delito de asesinato, «sin perjuicio de que esta calificación penal pueda verse modificada según se vayan practicando las pertinentes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial», informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Policía Nacional ya investigó anteriormente al menos otro fallecimiento en extrañas circunstancias en el mismo hospital, hace dos años, caso en el que presuntamente también habría estado relacionada esta misma auxiliar.
No obstante, en aquella ocasión no existieron evidencias que permitieran llegar a ninguna conclusión acerca de las circunstancias del fallecimiento, aunque el caso presentaba similitudes en algunos aspectos con el suceso del pasado jueves.
Beatriz L.D. prestaba servicio en la planta de Medicina Interna del hospital Príncipe de Asturias, donde estaba ingresada la paciente de 86 años que falleció a pesar de que estaba a punto de recibir el alta.
Tras la muerte de la paciente, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se entrevistaron con todo el personal de la planta, según han señalado fuentes del hospital.
La auxiliar había vuelto a incorporarse a su puesto hace solo tres meses, después de haber estado de baja un año y medio por una lesión en un brazo producida por un accidente laboral.
Trabajaba en el hospital desde hace más de diez años y ocupaba una plaza de interina en el centro desde 2014.
Prestaba servicio en uno de los cuatro controles de Medicina Interna con que cuenta el hospital en las plantas 4 y 5, dedicadas en buena medida a funciones de geriatría, debido al perfil de la especialidad y de la población a la que atienden.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que se trata de «un caso aislado» que «no puede ni generar alarma ni poner en duda el magnífico sistema sanitario madrileño».
«Nosotros esperamos que se llegue a la resolución de este caso cuanto antes y si esta persona, que ya está fuera del hospital, ha podido ser responsable de alguna muerte más, que la justicia actúe con toda la fuerza», ha subrayado la presidenta regional, quien ha insistido en que los ciudadanos pueden estar «absolutamente tranquilos».
En 2014, el Tribunal Supremo confirmó la pena de 127 años de cárcel impuesta a un celador (Joan Vila Dilmé) de la residencia geriátrica La Caritat, en Olot (Girona), por asesinar a once ancianos, a quienes suministró ácido cáustico, psicofármacos y otras sustancias para matarles.
El celador declaró en el juicio que eran actos «compasivos» y solo quería «ayudar a morir» a los ancianos.
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