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El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha acogido este lunes el juicio contra una madre acusada de un posible delito de maltrato familiar por propinar una bofetada a su hijo de 13 años tras recriminarle su bajo rendimiento escolar y el desorden de su cuarto, hechos por lo que la Fiscalía realizó una petición inicial de siete meses de cárcel y una orden de alejamiento de dos años.

Durante la vista, la madre ha relatado que se trató de un hecho puntual en una discusión con su hijo adolescente en la que éste le faltó el respeto. También se ha puesto de manifiesto que el joven no tiene más familia que se haga cargo de él, de modo que imponer una orden de alejamiento a su progenitora obligaría a ingresarlo en un centro de menores.

Tras el desarrollo del juicio, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía ha rebajado su petición de cárcel para esta madre a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a una orden de alejamiento de seis meses y un día, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución por entender que un «bofetón puntual» a un hijo «no puede considerarse un hecho delictivo».

La abogada que ejerce la defensa, María Luisa Ruiz Ortiz, ha señalado que esta madre sólo es una «mujer luchadora que está sacando adelante a sus hijos» y censura que se le atribuya el mismo delito que a los maltratadores con una petición de pena similar, cuando en este caso la separación de la madre perjudicaría al menor.

Los hechos ocurrieron a principios de septiembre en el domicilio familiar, en Albolote (Granada), y fue un vecino el que lo denunció ante la Guardia Civil después de que el menor se dirigiera a su casa. Se iniciaron así las diligencias de este caso, en el que ambos fueron citados a declarar tras el incidente y que ha sido objeto de un juicio rápido.

El adolescente ha llegado a reconocer ante el juez que «se merecía la bofetada», según ha sostenido la letrada, que considera una «aberración jurídica» que se pueda separar a un menor de su hogar, su instituto y sus amigos por una orden de alejamiento «innecesaria», cuyas posibles consecuencias negativas han sido refrendadas por uno de los testigos que han declarado este lunes.

Esta letrada ha confiado en una sentencia absolutoria para su cliente, alegando que los padres «deben conservar su autoridad, más en los tiempos que corren», y que no se puede trasladar a los adolescentes la idea de que pueden denunciar a sus progenitores en esta clase de «situaciones puntuales en las que, además, no atienden a razones» y «faltan al respeto».