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La familia de Javier Fernández, exbatería del grupo Los Piratas, ha solicitado cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para el guardia civil que disparó al músico en el transcurso de una intervención policial en su casa en agosto de 2015 y que le ocasionó la muerte.

El agente del Instituto Armado será juzgado el viernes en la sala de lo Penal número 2 de Pontevedra, y contra él solo se ejerce la acusación particular, ya que la Fiscalía entiende que no cometió delito alguno, sino que actuó en defensa propia y en defensa de su compañero, ante la actitud agresiva de Fernández.

Los hechos se remontan al 26 de agosto de 2015 en la vivienda que el músico compartía con su mujer y su bebé en la parroquia de Guláns, en Ponteareas (Pontevedra). Hasta allí acudió una dotación de la Guardia Civil «por un posible delito de violencia de género », y se entrevistó con la mujer del músico, quien refirió que éste «estaba muy alterado» debido a sus problemas psiquiátricos.

Según la Fiscalía, cuando los agentes entraron en la casa, Javier Fernández comenzó a gritar que «los iba a matar a todos» y, en un momento determinado, se hizo con un cuchillo y un tenedor y atacó a uno de los guardias dirigiendo los golpes «hacia zonas susceptibles de causar la muerte o heridas graves», como la cabeza y el cuello.

Legítima defensa

El otro agente, el que va a ser juzgado, «con intención de salvar la vida de su compañero y sin intención de matar» a Javier, según el ministerio público, « disparó a las piernas » del músico.

Asimismo, precisa que el guardia falló en su puntería, dado que «no era tirador selecto, ni había recibido formación y entrenamiento específico para el uso del arma a corta distancia en situación de tensión». Ello provocó que el disparo acabase impactando en el abdomen de Javier y perforando su vena cava, causándole la muerte.

La Fiscalía ha planteado que estos hechos no son constitutivos de delito y, en todo caso, plantea como alternativa la acusación de homicidio por imprudencia menos grave , con la eximente de legítima defensa. Por ello, mantiene que «no procede imponer pena alguna».

Acusación particular

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la familia del exbatería, considera al guardia civil investigado autor de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave, y pide para él 4 años de prisión y 6 de inhabilitación.

Desde el primer momento, las circunstancias que rodearon la muerte de Javier Fernández han sido objeto de polémica, por las versiones contradictorias de la familia y de la Guardia Civil.

Así, mientras que el Instituto Armado informó de que había acudido a la vivienda por un posible caso de violencia de género, agravado por la presencia de un bebé en la casa, la familia siempre negó que el exbatería fuese un maltratador, que hubiese agredido a su pareja o tuviera retenido al bebé de ambos.

Según las explicaciones de sus allegados, Javier estaba en un estado agresivo debido a una crisis generada por cambios en un tratamiento para una dolencia psiquiátrica.

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