El Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios señala en el informe que ha remitido al juez instructor del caso de corrupción en la Policía Local de Palma que mientras se desarrollaba la trama «como si del más virulento cáncer se tratase», la «metástasis» afectó a los órganos del Ayuntamiento que «interesaban especialmente a la organización criminal».
Además, se señala que el informe «no es más que un primer y ligero» acercamiento a la realidad de la situación en el Ayuntamiento de Palma y que esta «a buen seguro» es «extrapolable a otras administraciones en Baleares».
Por otro lado, se asevera que tras los cambios legislativos propiciados por José María Rodríguez, «se encuentra únicamente el interés en seguir saqueando los bolsillos de los ciudadanos» y que «su previsible sucesor, Álvaro Gijón, «continua esta labor» y mediante «el inocente nombre de Regidoria de Coordinación y Turismo, se aboga un poder casi omnímodo que le permite controlar todo lo que ocurre en el Ayuntamiento».
También sobre Gijón se dice que presuntamente habría dirigido la creación del Consorcio de la Playa de Palma para su «toma» como «una pequeña ciudad alejada de cualquier control legal», aunque esto ya había sido iniciado por Rodríguez.
En el extenso documento, de más de 700 páginas, se concluye que «está perfectamente demostrada la existencia de una organización criminal que, de forma premeditada y totalmente dolosa, diseño y ejecutó un plan, a lo largo del tiempo» para «controlar ilícitamente la administración para poder servirse de ella y para poder utilizar sus poderes» como «instrumento esencial de sus actuaciones ilícitas».
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