Seis detenidos por fraude en la trasmisión de vehículos en Baleares

En total el fraude a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) se eleva a 1,1 millón de euros y afecta a un total de 4.700 expedientes de compraventa de vehículos de segunda mano en los que se ha cometido el fraude.

De este modo, la Guardia Civil ha desarticulado esta organización delictiva, que habría diseñado y puesto en marcha un sistema de fraude en la compraventa de vehículos y ha procedido a la detención de seis personas por delitos de falsedad documental, estafa, usurpación del estado civil y organización criminal.

Los arrestados habrían simulado a través de sociedades, «de forma coordinada y a lo largo de cuatro años», las compras y ventas de más de 4.700 vehículos y obtenido un beneficio económico derivado de este fraude de más de 400.000 euros.

Colaboración

La delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, ha destacado el trabajo conjunto que han realizado las dos administraciones, que ha permitido recuperar 1,1 millón de euros a las arcas de la Comunidad Autónoma.

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina, Cladera, por su parte, ha querido agradecer «el trabajo conjunto» de la Guardia Civil, Delegación de Gobierno y Govern para combatir el fraude fiscal.

Por su parte, la directora de la ATIB, María Antonia Truyols, ha explicado que, a partir de ahora, se hará un trabajo para «poner al día a estos contribuyentes». Así, «se pondrán en contacto con las personas que han hecho esta compraventa de vehículos para que paguen el impuesto», ha afirmado al respecto.

La operación Morabatí, se iniciaba a finales de diciembre de 2016, cuando los investigadores comprobaron como en distintos vehículos usados, figuraba en las bases policiales «baja temporal entrega a compraventa» por un periodo de un día, cuando estos vehículos habrían sido adquiridos entre particulares.

Durante la misma, comprobaron como la misma persona F.J.G. figuraba como «antiguo poseedor « de más de 4.700 vehículos desde el año 2014, y que la mayoría de las transferencias de estos vehículos habían sido realizadas a través de una gestoría ubicada en Palma.

Así, los investigadores se pusieron en contacto con la ATIB para informarse del posible fraude, abriendo de este modo una vía de investigación administrativa, que se sumaba a la penal ya iniciada con anterioridad.

Gestoría investigada

De esta vía administrativa, la Guardia Civil ha participado prestando seguridad y apoyo operativo durante el registro administrativo realizado a la gestoría investigada, el 18 de julio de 2017, así como a la localización y recogida de manifestación de personas para la ATIB.

Tras el análisis de la información incautada en la operación, la ATIB ha calculado que la cantidad económica que la trama delictiva habría evitado ingresar en las arcas de la Comunidad Autónoma en concepto de ITP sería de 1,15 millones de euros, resultantes de la elusión fiscal en el conjunto de las 4.700 operaciones de compraventa de vehículos de segunda mano.

Para su consecución, la organización habría simulado además de los contratos de compra venta entre particulares, los diferentes modelos de la ATIB y de DGT, además de las facturas simuladas de venta de los vehículos a los compradores finales.

Asi, para demostrar una falsa sensación de seguridad ante los perjudicados, la organización empleaba la gestoría investigada la cual, a través de alguno de sus trabajadores, se encargaban de la captación de clientes, dando las explicaciones de los documentos y trámites para su realización, y de realizar todos los trámites necesarios para el cambio de titularidad de los vehículos, incluida la presentación de documentación simulada con conocimiento de esta falsedad.

De este modo los compradores finales depositaban su confianza en la gestoría, atraídos por unos precios más económicos, los cuales pensaban que se realizaban todos los trámites necesarios para el cambio de titularidad, observando ahora como no se ha satisfecho el pago del ITP, y la ATIB les pueda reclamar el impuesto no satisfecho.

Tras la realización de un registro en el domicilio de uno de los cabecillas de la organización, asentado en Llucmajor , se intervino diversa documentación y material informático que está siendo analizado y se procedió a la detención de los implicados.

Perjudicados

Como resultado de la investigación se han detectado a más de 9.000 personas perjudicadas, entre compradores y vendedores de los vehículos.

Así mismo se ha detectado un fraude a la Seguridad Social, al tener uno de los cabecillas personal laboral sin estar dado de alta, e incluso alguno sin desarrollar actividad laboral alguna declarada, cobrando sueldos de más de 2.500 euros mensuales. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

Asimismo, la Guardia Civil ha establecido un sistema por el cual, todo supuesto perjudicado esta organización podrá dirigirse a cualquier dependencia de la Guardia Civil para interponer denuncia, aportando toda la documentación que disponga sobre lo ocurrido.