El juicio se ha iniciado este miércoles, a puerta cerrada, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón. En la vista, además del acusado, han declarado, entre otros testigos, el padre de la víctima.
De acuerdo al relato fiscal remitido a Europa Press por el Ministerio Público, el acusado, en junio de 2014, contactó vía Internet, a través de un chat, con la niña de 12 años, que presenta una inteligencia rozando el límite.
Tras sucesivos contactos invitándola a que fuera a Barcelona, el procesado se desplazó a Gijón, donde el 26 de julio de 2014 concertó con ella una cita en un prado, en las inmediaciones de la estación de tren de la Calzada. Allí abusó sexualmente de ella, sin emplear fuerza ni violencia.
En agosto de 2014, viajó de nuevo a Gijón, donde volvió a abusar de la menor. Unos meses más tarde, el 2 de diciembre, el acusado regresó a Gijón y llevó a la menor a una pensión, donde igualmente, y como en las ocasiones anteriores sin emplear fuerza ni violencia, mantuvieron relaciones sexuales.
El procesado sugirió entonces a la menor que abandonara la casa de su padre y se fuera con él a Barcelona. Ella acudió al domicilio de una tía suya para contarle lo sucedido, la cual puso la situación en conocimiento de su padre.
Este denunció los hechos al día siguiente. La menor no ha presentado secuelas de momento, aunque no se puede asegurar que puedan aparecer en el futuro, afectando a su vida sexual, social y afectivo emocional.
El hombre, a raíz de esa denuncia, llamó el 23 de diciembre de ese año por teléfono al padre de la menor para amenazarle. «Ya puedes salir a la calle con guardaespaldas», le advirtió según el relato fiscal.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de al menos tres delitos de abuso sexual, un delito contra la administración de Justicia y un delito de amenazas. En este sentido, pide para el acusado, por los delitos contra la libertad sexual, tres penas de 12 años de prisión; por el delito contra la administración de Justicia la pena de un año de cárcel y multa de 12 meses con cuota día de ocho euros; y por el delito de amenazas nueve meses de prisión.
También se le pide inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y costas, así como el abono de una indemnización de 6.000 euros a la víctima por daños morales.
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