Siete detenidos en Palma por alquilar apartamentos embargados o de fallecidos

A los miembros de este grupo y a su cabecilla, quien había sido presidente de las comunidades de vecino hacía una década y por ello le resultó sencillo obtener información de los apartamentos vacíos., se les imputa además de los delitos de estafa de Palma, fraudes procesales, coacciones, desobediencia a la Autoridad Judicial, falsedades documentales y alzamiento de bienes.

Según la Policía Nacional, el líder del grupo fraguó la trama alrededor de tres edificios de apartamentos ubicados en Cala Major, sobre los que sabía que sus herederos no habían hecho gestiones desde sus países de origen para reclamar las herencias, o que por pertenecer a bancos, estaban en estado de abandono.

El cabecilla realizó reformas en varios apartamentos, y a partir de 2010 comenzó a alquilarlos a personas de escasos recursos económicos.

Estos apartamentos, de menos de 25 metros cuadrados pensados como residencias para cortas estancias vacacionales se convertían así en residencias permanentes, y algún caso se hacinaron hasta seis personas de una misma familia.

La Policía Nacional comprobó que los detenidos habían montado una red eléctrica clandestina, instalando en un sótano de uno de los edificios un cuarto de contadores ilegal, desde el que se distribuía la electricidad a los apartamentos mediante cables que discurrían por los pasillos e incluso el interior de los pisos, para así cortarla en caso de querer ejercer presión sobre los inquilinos.

En algún caso, a inquilinos morosos que no cedían a pesar de las coacciones, los detenidos presentaron demandas contra ellos tratando de engañar a los juzgados para hacerles creer que los arrendamientos eran legales, a fin de que los jueces desahuciaran a los estafados que no seguían pagando cada la renta mensual y así poder estafar a nuevas víctimas.

En uno de esos procedimientos, un inquilino que sospechaba sobre la titularidad de la vivienda, hizo gestiones en el Registro de la Propiedad y acreditó que era de otras personas, por lo que el juzgado la precintó.

Pese a ello, los detenidos violentaron el precinto judicial y alquilaron de nuevo el apartamento, en esta ocasión a una familia extranjera que sufrió un susto cuando se personó la Policía Nacional.

También, el cabecilla y sus compinches, decidieron obtener la propiedad de los inmuebles de forma ilegal, demandando falsamente a los legítimos propietarios de las viviendas ya fallecidos, por el impago de las reformas, e intentaron hacer creer al juzgado que los propietarios habían solicitado las reformas y que tras realizarlas no les habían pagado las mismas.

Además del responsable de la trama, en la operación policial se ha detenido a su mujer, su hijo, y a otras tres personas por el cobro de los alquileres y amenazar a los inquilinos morosos, a los que cortaban el suministro eléctrico de manera habitual.

Hasta el momento el importe que los investigadores han acreditado que habría sido defraudado por los detenidos supera la suma de 200.000 euros, aunque la investigación sigue abierta y la Policía Nacional estima que puede ser mucho mayor, al haber comprobado que el hijo del artífice de la trama acumula un patrimonio inmobiliario considerable, con cuatro viviendas, varios locales comerciales en Palma y otras propiedades.