Tanto ella, como otros testigos han relatado que, además, de manera frecuente, en las reuniones semanales, se hablaba de la necesidad de disponer de «equipos antivandálicos» para prevenir que los internos dejaran inoperativos los sistemas de ventilación o de electricidad, entre otros asuntos relacionados con la seguridad del centro.
En concreto, la causa se dirige contra la directora del centro y el responsable de mantenimiento e investiga un posible delito de homicidio imprudente grave. Para provocar el fuego, el interno fallecido utilizó una caja de cerillas que no le había sido intervenida.
Por su parte, el ex subdirector del centro ha explicado este miércoles que en el caso del módulo donde tuvo lugar el suceso ya se había solicitado una intervención porque se habían producido varios apagones y se «sospechaba» que el menor interno «estaba manipulando los cables» y podía suponer «un peligro para él y el resto de internos».
Respecto al estado de puertas y ventanas, el vigilante de seguridad que abrió la ventana de la habitación donde estaba atrapada la víctima, ha explicado que «pasaron segundos» entre que introdujo la llave en la cerradura hasta que pudo abrirla. A pesar de esto, ha señalado que costó «algo» abrirla porque, según cree podría haberse dilatado por «el efecto del calor y del fuego». En otro sentido, ha señalado que escuchó al menor que pedía que le sacasen de ahí porque se estaba quemando.
Otro de los vigilantes ha explicado que su compañero «forcejeó unos segundos» y otro compañero, un auxiliar de educador, ha señalado que «no costó» abrirlo, lo que pasa es que en ese tipo de situaciones «el tiempo» importa mucho. Asimismo, este testigo ha hecho hincapié en que la víctima era «un trasto» y que tenía «muchos partes» por sucesos de destrozos en habitaciones, entro otros asuntos.
Todos los testigos han dicho o que bien no recuerdan haber escuchado la alarma o que directamente no la escucharon. Cabe destacar que el sistema de alarma y detección antiicendios no estaba activo porque no se habían subsanado deficiencias de las que había alertado reiteradamente la empresa de seguridad, según consideró el juez instructor del caso en el auto.
Por otro lado, un ex vigilante ha dicho que antes del suceso «ya habían denunciado irregularidades» porque el incendio «no era un caso aislado» lo que pasa es que hasta entonces «no había tenido consecuencias». «Denunciamos el mal estado del centro, que no había ni medidas de protección ni seguridad adecuadas y no estábamos dispuestos a cargar con esa responsabilidad», ha manifestado para luego añadir que «en 2015 se produjeron otros dos incendios más».
Sobre el incendio del colchón, que hizo que las llamas se propagasen con rapidez, el que fue jefe administrativo ha dicho que antes del incendio ya se habían comprado colchones ignífugos. Preguntado por si había comprobado que lo fueran ha dicho que «comprobarlo no, pero sí que nos enviaron una certificación de que lo eran».
3 comentarios
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Mediator, quién te ha dicho a ti que los trabajadores de ese centro son empleados públicos? Investiga e informate y luego opina
No aparecen por ningún sitio los responsables del centro del Govern. Si fuera privado ya estarían sentados en el banquillo.
¿Es posible que una empleada pública obtenga un contrato fijo para toda la vida sin ningún tipo de prueba, examen o sin pasar oposición alguna? ¿Sabe algo de esto la alto cargo de la consejería?