El comisario Estarellas es uno de los principales investigados. | Alejandro Sepúlveda

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Una agente de la Policía Local de Palma negó este jueves la existencia de un grupo dedicado a espiar a políticos, jueces y fiscales. La policía rechazó que se realizaran seguimientos a cargos públicos y que se recabara información para más tarde hacer labores de chantaje y ciñó varias actuaciones puestas en tela de juicio en encargos justificados por investigaciones policiales en marcha.

El juez que instruye la causa de corrupción en la Policía Local ha abierto una pieza separada tras varios informes policiales que apuntan a esas labores de espionaje. En esa pieza hay tres imputados, el principal, el comisario Rafael Estarellas.

La agente que declaró explicó varias de las gestiones que se consideran sospechosas.

Así, la búsqueda de información sobre un clérigo de Palma la vinculó con una denuncia por abusos sexuales. La supuesta grabación del vehículo de un cargo vinculado al PP la explicó en un operativo conjunto con aduanas para actuar contra una conocida narco. Según dijo, se instaló una cámara fija y coincidió con la presencia de ese vehículo en la zona. En la pieza aún tiene que declarar como investigado otro policía local más.

Por otra parte, el juez instructor, Miquel Florit, ha rechazado los recursos planteados por las defensas contra la división en piezas del ‘caso Cursach’.

En una resolución dictada esta semana, el magistrado señala que la apertura de una gran causa por soborno en torno a funcionarios públicos y otra por cohecho vinculada a las supuestas fiestas en Tito’s tienen objeto diferente y no colisionan.

Las defensas de los principales investigados plantearán ahora una batería de recursos ante la Audiencia que ya dejó sin efecto la apertura de una de estas piezas.